El show continúa y Bogotá a la deriva

Sin embargo, y pese al berenjenal institucional en que estamos, el caso deja por lo menos dos certezas. La primera, que es necesario reformar la Procuraduría, limitar sus funciones, no sólo en lo que se refiere a la posibilidad de destituir a funcionarios de elección popular, sino también a su intervención en los procesos penales y a la facultad de sancionar disciplinariamente por hechos que investiga la Fiscalía, como lo proponen juristas de la talla de Rodrigo Uprimny y Yesid Reyes. En manos de Alejandro Ordóñez, que amenaza, advierte, sanciona, suspende, destituye e inhabilita, y que además interviene en política sin pudor e impunemente, la Procuraduría ha adquirido y ejercido un poder sin límites.

Ninguno de sus antecesores había utilizado las facultades del cargo en forma tan ampliamente discrecional y selectiva, y no pocas veces abusiva y arbitraria, incluso en contravía de principios constitucionales. Ordóñez sabe muy bien cómo usar recursos y procedimientos legales con fines políticos. Es el tufillo que deja la decisión contra Petro —excesiva para muchos, incluso no petristas—, pues significa sacar del ring a un representante de la izquierda, a un contradictor ideológico y político.

La segunda certeza, señalada por analistas como José Manuel Acevedo en RCN Radio, Carlos Castillo en El Tiempo y Jaime Arrubla en El Nuevo Siglo, entre otros, es que el universo jurídico es tan intrincado, que una misma ley puede ser interpretada en forma distinta, según el cristal con que la mire cada abogado; que el artículo de una ley puede chocar con el de otra; que la jurisprudencia sobre un caso no necesariamente sirve para resolver casos iguales… Y a esto hay que agregar otros dos ingredientes: la infinidad de recursos legales que permiten dilatar y enredar los procesos, y la falta de credibilidad de los operadores judiciales que, en forma sistemática, son cuestionados en sus decisiones. En resumen, como dice el exmagistrado Arrubla, “tenemos un sistema jurídico que todo lo permite, salvo poner un punto final a las controversias”.

De resto, un mar de dudas y entre ellas una que tiene que ver con el contenido mismo de la Constitución en la que, para decirlo en pocas palabras, convergen dos ejes centrales: los derechos y los mecanismos de participación política por un lado, y el modelo económico de corte neoliberal por el otro.

Petro es el primer exguerrillero que llega al segundo cargo más importante del país, y aunque no es el primer alcalde de izquierda de la capital, sí es el primero que intenta desarrollar un programa de izquierda. La duda es sobre la posibilidad de desarrollarlo en el marco de la Constitución y las leyes actuales, pues el caso de las basuras evidencia que ante la colisión entre el deber constitucional del Estado de asegurar la prestación de los servicios públicos —directa o indirectamente— y los principios, también constitucionales, de libre empresa y competencia, se privilegia lo segundo sobre lo primero.

El show continúa y mientras tanto Bogotá a la deriva.