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Tengo la sensación de que en Bogotá estamos engolosinados con el metro, un sueño largamente acariciado que, por fin, podría hacerse realidad.
Han pasado más de 70 años desde que el alcalde Carlos Sanz de Santamaría propuso la construcción de un tren subterráneo, en 1949. Luego, desde 1954, varios alcaldes y presidentes apoyaron iniciativas para construir el metro, que no prosperaron por razones económicas o políticas, por falta de estudios con suficiente soporte técnico o por el concepto negativo de expertos que juzgaron marginales los beneficios frente a los costos.
Hoy existe la voluntad política, pero no está clara la financiación y muy pocos atienden las voces de expertos que cuestionan la conveniencia de semejante empresa. Por ejemplo, Carlos Mario Montoya, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y autoridad en la materia, considera “una locura” que Bogotá se embarque en un tren subterráneo, cuya construcción demoraría por los menos 30 años y valdría mucho más de los 15 billones de pesos estimados (El Tiempo, octubre 12). Y el urbanista brasileño Jaime Lerner, considerado el padre del sistema Transmilenio, sostiene que construir ese tipo de metro es cosa del pasado, que el futuro de la movilidad está en la superficie y que la solución puede estar en un sistema de buses eléctricos que tienen mayor capacidad y no necesitan rieles.
No valen consejos ni recomendaciones. El alcalde Petro está empeñado en el metro subterráneo —sería su gran obra de gobierno— y el presidente Santos, que debe parte de su reelección al alcalde, apoya la iniciativa. Parece que para uno y otro pesa más el cálculo político de corto plazo, que la viabilidad y sostenibilidad financieras del sistema hacia el futuro (“El que venga atrás, que arree”, cómo no). Y es tal el estrés por los trancones, la congestión, la saturación de Transmilenio, la mala calidad del servicio, la ineficiencia de los buses del SITP, los accidentes, la inseguridad, que la mayoría de los desesperados habitantes de Bogotá creen que el metro es la solución.
No estoy tan segura. Hace falta un debate público amplio que permita un examen más completo y realista de los costos y los tiempos, de otras alternativas viables y del impacto ambiental del proyecto. No parece racional invertir 15 billones de pesos para construir 27 kilómetros de una línea de metro, que solo movilizaría el 8% del total de pasajeros por día. Muy poco para que se traduzca en una mejoría sustantiva al problema de ‘inmovilidad’ de la capital. Más grave aún es que la megaobra comprometería los recursos disponibles del Distrito —e incluso de la Nación—, sin contar los sobrecostos que los más conservadores estiman entre 20% y 50%, pero que podrían llegar a 100%, entre otras razones por la calidad de los suelos, que son blandos. Tampoco está contemplado el subsidio para su operación —ningún metro en el mundo es autosuficiente— y mucho menos posibles coimas corruptas. Para la veedora distrital, Adriana Córdoba, las cuentas no cuadran.
El debate está abierto y no es sobre la necesidad o no del metro, sino sobre qué tipo, de dónde saldrá la plata y su viabilidad financiera. No puede hacerse a cualquier costo, pues es solo un componente del sistema integrado de transporte, que necesita con urgencia desarrollar otras obras de mayor impacto para ser más eficiente y desembotellar a la ciudad. Estamos engolosinados con el metro y del engolosinamiento no queda sino la indigestión.