La lengua larga del fiscal

El martes pasado en un foro sobre las víctimas y sus derechos –justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición–, el fiscal Eduardo Montealegre hizo planteamientos sobre la posibilidad de que guerrilleros de las Farc desmovilizados y condenados por sus crímenes puedan pagar penas alternativas en lugar de ir a la cárcel. Fueron, en general, mal recibidos y no solo atizaron la hoguera del enfrentamiento con el procurador Ordóñez, enemigo declarado del proceso con las Farc, sino que reabrieron la polémica sobre si el fiscal puede o no opinar en materia tan delicada, y la conveniencia de hacerlo.

El fiscal puede opinar –ni más faltaba que no–, otra cosa es que sea conveniente y oportuno que la cabeza la entidad encargada de investigar y adelantar los procesos contra los miembros de la guerrilla haga pronunciamientos que pueden ser interpretados sin beneficio de inventario, como en efecto lo fueron. Es decir, como hecho cumplido, como si ya todo estuviera arreglado en La Habana. Y aunque nada está arreglado, aseguran los negociadores del Gobierno –y yo les creo–, les importa un rábano a los uribistas que le apuestan al fracaso del proceso de paz y hacen política con esa falsa certeza. El candidato Óscar Iván Zuluaga, hoy el más opcionado para enfrentar al presidente-candidato en la segunda vuelta, repite como un mantra que el proceso con las Farc es un pacto de impunidad. Es su caballito de batalla y el fiscal con sus declaraciones le dio terreno para que le suelte más la rienda.

Le faltó prudencia y cálculo político y sentido de la oportunidad al fiscal Montealegre. No supo medir las consecuencias de su lengua larga en plena campaña electoral, en medio del escepticismo generalizado frente a las conversaciones con las Farc y cuando la mayoría de los colombianos quiere ver a los jefes guerrilleros tras las rejas: el 84%, según la reciente encuesta de Ipsos-Napoleón Franco para RCN y Semana. Con razón están furibundos en la Casa de Nariño y los negociadores del Gobierno, que sienten que la posición del fiscal los debilita, mientras da alas a los voceros de las Farc, que podrán alegar que Montealegre les concede la razón a sus pretenciones de no pagar un solo día de cárcel.

No es tarea del fiscal allanarles el camino a los guerrilleros que han causado tanto dolor y muerte, cientos de miles de víctimas. Son las Farc las que tienen que ganarse la confianza y la credibilidad de los colombianos tantas veces burlada, las que están en mora de dar señales ciertas y concretas de su voluntad de hacer la paz y deponer las armas, de reconocer y reparar a sus víctimas. Cuando lo logren, si lo logran, tal vez los colombianos acepten tragarse algunos, solo algunos, de los sapos que propone el acucioso fiscal.