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Son tantas las circunstancias que enturbiaron el gobierno de Uribe, tantos los escándalos de corrupción, tantos sus aliados en el Congreso comprometidos en la parapolítica y tantos los funcionarios de su círculo más cercano investigados y/o juzgados por distintos delitos, que resulta difícil creer que todos, absolutamente todos los entuertos —incluidos los que urdieron en su propio beneficio—, hayan sucedido a espaldas de ese hombre de “inteligencia superior”, ese microgerente que controlaba hasta la minucia y no dejaba cabo suelto.
A la ya larga lista de subalternos cercanos enredados en actividades non sanctas (tres ministros, tres directores del DAS, dos secretarios generales, un secretario jurídico y uno de prensa, un comisionado de Paz, un excomandante de las Fuerzas Armadas…), se suma ahora quien fue su jefe de seguridad en la campaña y en el primer período de gobierno: el general (r) Mauricio Santoyo, quien se declaró culpable ante una corte de los Estados Unidos de haber colaborado con la ‘Oficina de Envigado’ y las Auc.
Que el expresidente se declare ofendido, defraudado, que haga cara de yo no fui y pida al gobierno de los Estados Unidos que lo investigue, son sólo gestos desesperados que no lo eximen de la grave responsabilidad que le cabe por haber nombrado al oficial, a sabiendas de que desde 2001 tenía abierta una investigación en la Fiscalía por desapariciones forzadas y miles de chuzadas ilegales a teléfonos de organizaciones y defensores de derechos humanos, ocurridas cuando estaba de comandante del Gaula en Medellín (1996-1999). Dos años de este período coincidieron con la gobernación de Uribe (1995-1997), que fue cuando los dos se conocieron, y cuando las Convivir se convirtieron en mascarón de proa del paramilitarismo en Antioquia.
Pero tanto o más grave que nombrar al cuestionado oficial, fue mantenerlo en el cargo, en abierto desafío a la decisión de la Procuraduría, que en octubre de 2003 lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por las chuzadas ilegales hechas desde las oficinas del Gaula. Fue una demostración de poder y de soberbia de Uribe para darle tiempo a su cancerbero de apelar la decisión, confirmada un año después y también desacatada, pues aunque el oficial salió de la “Casa de Nari”, conservó el uniforme y pasó al Ministerio de Defensa mientras impugnaba el fallo ante el Consejo de Estado, que en 2006 suspendió la destitución y le salvó el pellejo. Vendría luego el ascenso a general con el patrocinio del general Naranjo que lo incluyó en la lista de elegibles, el visto bueno del ministro Santos, el apoyo incondicional de Uribe y la bendición de la Comisión Segunda del Senado —de mayoría uribista—, que hizo oídos sordos a las objeciones de los cuatro senadores que votaron en contra. Después del sol, una misión diplomática en Italia, y para cerrar con broche de oro —dos días antes de culminar su segundo mandato—, el jefe supremo lo condecoró en agradecimiento “al protector de todas las horas con toda su lealtad y toda su eficacia”. Amén.
Uribe siempre tuvo cerca, muy cerca, a Santoyo, y lo protegió, y de su mano llegó a donde llegó. Difícil tragarse el cuento de que desconocía los cuestionamientos sobre el oficial. Pienso, más bien, que los desconoció, pues en el gobierno del “todo vale” chuzar teléfonos de defensores de derechos humanos —considerados aliados de la guerrilla— era parte del menú. Al expresidente se le agotan los argumentos para defenderse —conspiraciones, campañas sucias, persecución política…—, y le está fallando la estrategia según la cual la mejor defensa es el ataque. Llegó la hora de las explicaciones y esa de las espaldas no sirve.