Matar pulgas con escopeta

Naranjo, sin duda el que más sabe del asunto, contradice así la tesis del Gobierno según la cual la despenalización de la dosis mínima fue el gatillo que disparó el microtráfico, tesis que también controvierten numerosos especialistas que sostienen que no existe evidencia científica o sociológica que permita establecer la relación directa entre los dos.

Sin embargo, sordo a estas razones y en contravía del concepto de expertos consultados por el propio Ministerio de Protección Social —entre ellos el psiquiatra Augusto Pérez, consultor internacional en la materia y director de la Fundación Nuevos Rumbos, así como especialistas de la ONU, la Fiscalía y Medicina Legal—, el presidente Uribe metió la cabeza y logró que el Congreso aprobara a finales del año pasado la penalización y a comienzos de este mes empezó el trámite de la ley reglamentaria, un verdadero adefesio que crea más burocracia y más problemas de los que pretende solucionar.

Si bien el porte de la dosis mínima es considerado como una “infracción menor”, la consecuencia va a ser la criminalización del consumidor. Cuando un policía coge a una persona con droga en el bolsillo, así sea solo un cacho de marihuana, debe llevarla a un Centro de Orientación donde un juez, un psicólogo y un representante de la Procuraduría deciden su suerte en pocas horas: si es o no adicta y si necesita o no tratamiento, o si es jíbaro y debe ir a la cárcel. De todas maneras el “metelón” queda reseñado.

A esto se suma que no existe la infraestructura suficiente —sólo hay 15 centros de atención cuya capacidad no supera las 300 personas— y tampoco el número necesario de especialistas. ¿Quiénes serían, entonces, los encargados de establecer quién necesita terapia y quién no? Porque no todo consumidor es adicto, ni todo consumidor necesita tratamiento, ni todo adicto es delincuente.

Para completar el cuadro clínico, la nueva ley establece que el tratamiento debe estar en el Plan Obligatorio de Salud. Si el sistema está colapsado y el Estado tiene que responder a sentencias de la Corte Constitucional sobre atención a los desplazados, ¿de dónde va a salir la plata para pagar terapias de rehabilitación que cuestan entre dos y siete millones de pesos mensuales, que duran en promedio tres meses y que registran índices de recaída superiores al 50%?

Aparte del sinnúmero de problemas que crea y de las dificultades para su aplicación, es poco probable que una ley dirigida a reprimir el consumo sirva para combatir el microtráfico. Las estrategias para enfrentar uno y otro no pueden ser las mismas, porque los objetivos son distintos: el microtráfico es un asunto de policía, de control y de inteligencia que involucra a redes de crimen organizado, mientras que el consumo es de prevención, de derechos y de salud pública que involucra a ciudadanos vulnerables.

El mundo poco a poco ha ido dándose cuenta de que es absurdo mezclar la lucha contra el narcotráfico con problemas de salud pública, que no se matan pulgas con escopeta. El enfoque de las nuevas tendencias parte de la salud y los derechos y las estrategias le apuntan a la reducción del daño y la descriminalización selectiva del consumo. En Colombia, mientras tanto, avanzamos por el camino incorrecto por cuenta de la moralina oficial.