Predica pero no aplica

No obstante las observaciones y conceptos autorizados sobre un posible vicio de ilegalidad de la llamada “Modificación excepcional del POT 2013” —razón que alegó el Concejo para negarlo— y sobre la falta de estudios y de soporte económico, jurídico y técnico del modelo de ciudad que propone, el alcalde impuso su soberana voluntad. Desestimó las luces de alarma y la carga negativa que llevaba el proyecto cuando lo presentó a consideración del Concejo.

Para empezar, antes de que fuera radicado ante el Consejo Territorial de Planeación, CTPD (cuerpo consultivo que por ley debe emitir su concepto sobre cualquier reforma a los planes de ordenamiento territorial), éste advirtió que tendría poco tiempo para cumplir su función y que la cercanía de las vacaciones podía afectar la convocatoria que, también por mandato legal, debía hacer la Secretaría de Planeación. Dicho y hecho, Planeación hizo la convocatoria a la carrera y a las cuatro o cinco reuniones que organizó sólo asistieron cerca de 2.500 personas, número muy poco representativo de los más de siete millones que viven en Bogotá. Mal comienzo.

En febrero de este año, el CTPD rindió concepto negativo sobre el proyecto: consideró que no había contado “con la voluntad política de la administración para desarrollar un real proceso participativo”. Es decir, que la Alcaldía había ignorado la participación ciudadana, un requisito de carácter constitucional y legal, y que por tanto la propuesta estaba viciada de legalidad. Pero además de poner en duda su legitimidad, cuestionó la falta de estudios para sustentar el nuevo modelo de ciudad que plantea la llamada “Modificación excepcional del POT 2013”, que supone cambios estructurales que harían necesaria la formulación de un nuevo POT.

El concepto no es vinculante, pero desconocerlo como lo hizo el alcalde Petro, que además ignoró objeciones técnicamente sustentadas de expertos urbanistas y de la Universidad Nacional, que le hizo un esguince a la consulta ciudadana y pasó por alto un informe de la Veeduría Distrital que consideró que, más que una modificación, el proyecto significa un cambio de ruta de la ciudad, y que también desconoció la decisión del Concejo, revela su talante autoritario. Como si el POT fuera suyo, su manifiesto personal, ideológico y político sobre la forma en que concibe la ciudad, y no un instrumento técnico de planificación y desarrollo urbanos con visión de futuro, que requiere, como demanda la ley, consensos y participación de la gente.

Así las cosas e independientemente de las bondades de la Bogotá que sueña el alcalde Petro —que sin duda las tiene—, el trámite del proyecto burló mecanismos democráticos, se desvió de los caminos institucionales, y su promulgación por decreto constituye un ejercicio arbitrario del poder. Curiosa forma de gobernar la del alcalde de la Bogotá Humana, incluyente: la imposición y la confrontación por encima de la concertación y el diálogo. El alcalde que cuestiona la incapacidad de la sociedad para llegar a acuerdos a pesar de las diferencias, predica pero no aplica. Y los ciudadanos pagamos los platos rotos.