¿Quién le pone el cascabel al fiscal?

A la justicia —que atraviesa por el momento más crítico y de mayor desprestigio de la historia reciente—, por utilizar en forma selectiva a los medios para hacer anuncios o notificar decisiones, tal como lo hizo esta semana con el excandidato uribista Óscar Iván Zuluaga, su hijo David y Luis Alfonso Hoyos, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial. Despierta desconfianza sobre su imparcialidad, crea presiones inconvenientes sobre fiscales y jueces y da pie al uribismo —fiero opositor de las conversaciones de La Habana— para dudar sobre las garantías de un debido proceso.

Que el fiscal sea pantallero, abuse del micrófono y su estilo sea cuestionable, es una cosa. Otra muy distinta es que los uribistas pretendan la intangibilidad jurídica por el hecho de ser oposición. Reaccionan siempre ante cualquier acción judicial con el argumento de la persecución política, el mismo que usaron durante el ‘uribato’ para atacar a la Corte Suprema por los procesos de la parapolítica y la yidispolítica, y también en los casos del ministro Arias, el comisionado Restrepo, la directora del DAS… Una suerte de reflejo condicionado.

En cuanto al activismo en materia de paz, el fiscal se pasa de la raya que le traza la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos —elegidos o nombrados— participar en el debate político, pues no solo participa —y de qué manera—, sino que lo propicia, crea confusión y no pocas veces malestar en los delegados del Gobierno en La Habana, porque les quita margen de maniobra en la negociación.

A Montealegre le gusta el protagonismo, tiene agenda propia y, como se dice en lenguaje coloquial, es llevado de su parecer. Y si bien apoya las conversaciones de paz, eso no significa que sea un mandadero o un apéndice del Gobierno —como lo asegura el uribismo—, sino que, por el contrario, le causa problemas. El más reciente, el concepto de que la refrendación popular de los acuerdos no es necesaria desde el punto de vista jurídico para su validación y que el referendo es un imposible constitucional. A las carreras tuvo que salir a los medios Humberto de la Calle para reiterar el compromiso de buscar algún mecanismo de refrendación popular para legitimar los acuerdos.

Flaco favor le hace el fiscal Montealegre al proceso de paz con sus pronunciamientos. Con algo de razón muchos los interpretan como hechos cumplidos, como puntos ya negociados aunque no lo hayan sido, y además permite que la muy habilidosa oposición uribista eche mano de ellos para socavar las negociaciones con las Farc. No vale escudarse en su condición de ciudadano o de académico, pues no es posible deslindar sus opiniones de las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo. Tampoco vale justificarse con el argumento de que son puntos de vista exclusivamente jurídicos, pues el proceso de paz es en esencia político, y el presidente, y no él, es el capitán de ese barco.

Del fiscal Montealegre se espera prudencia, discreción y pies de plomo, no que desate tormentas políticas. No se trata de que guarde silencio, sino de que cuando se pronuncie sobre el proceso de paz mida el alcance de sus palabras, de que no ceda con tanta facilidad a la libido del micrófono. No puede perder de vista que cuando habla, el que habla es el fiscal general de la Nación, y que es el organismo a su cargo el encargado de aplicar la justicia transicional, si Gobierno y Farc firman un acuerdo definitivo para finalizar la guerra. Pero… ¿quién le pone el cascabel al fiscal?