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COMO SUELE OCURRIR EN ESTE PAÍS de avalancha de noticias, unos eventos
se toman la agenda pública hasta el punto que otros procesos
simultáneos pierden repentinamente visibilidad. Mientras las primeras
páginas de la prensa y los noticieros están dedicados a la
parapolítica, pasan desapercibidas las amenazas a los organizadores de
la marcha del 6 de marzo y a ONG que han investigado el
paramilitarismo: “Comenzaremos a matarlos uno por uno. Vamos a ser
implacables… Ojo, hijos de perra, que sus días están contados”.
Firmado: Las Águilas Negras.
A raíz de esta notificación, y de llamadas amenazantes y correos aún peores, distintas personas se han visto obligadas a salir del país, entre ellas varias muchachas jóvenes e investigadores rigurosos, talentos colombianos animados por el compromiso de contribuir a la construcción de una salida democrática al conflicto armado.
Hace diez, veinte, treinta años que otras generaciones vivimos este mismo infierno. Algunos pensamos que luego de la Constitución de 1991 y de tantas iniciativas sociales a favor del pluralismo, no nos tocaría de nuevo ver la salida forzosa de conciudadanos hacia otras latitudes. ¿Cómo va a ser posible que el país expulse a sus mejores promesas? ¿Cómo va a ser que este gobierno, que reclama como exitosa su política de seguridad democrática, no haya condenado estas amenazas?
El Gobierno ha presentado su política de seguridad democrática como todo un éxito basado en la disminución de las cifras de secuestros, desapariciones y homicidios en ciertas zonas del país, y en el debilitamiento de las guerrillas. Pero el resultado democrático de esta política no puede sólo evaluarse por estas cifras. Además de números, la democracia se distingue de otros regímenes porque las instituciones están llamadas, no a tolerar pasivamente, sino a proteger activamente los disensos. Ése es su compromiso irrenunciable. Por esta razón, una salida democrática de estos años de enfrentamiento armado tiene que ver con la consolidación institucional del debido proceso y la superación de la impunidad; y con el afianzamiento de una cultura de respeto al que piensa y actúa distinto en el marco de los derechos y deberes ciudadanos.
Ahora resulta que quienes marchamos el 6 de marzo y el 4 de febrero, somos tachados de guerrilleros porque encontramos moral y éticamente inadmisible el secuestro, las pipetas de gas, las amenazas de muerte ejecutadas por las Farc y las torturas, descuartizamientos, violaciones y masacres cometidos por los paramilitares. Aún peor: por no aplaudir ni a unos ni a otros y por rehusarnos a otorgarles la condición de héroes de la patria, somos señalados como guerrilleros. Y digo ‘somos’ porque, a pesar de no haber estado entre los impulsores directos de las marchas, comparto sus lemas y me siento parte de esa comunidad imaginada de ciudadanos colombianos que, ante todo, queremos una Colombia democrática para nuestros hijos y nuestros nietos.
Este sueño que a tantos nos inspira sólo será realizable si el gobierno muestra en discurso y en acción su compromiso democrático, tanto hacia sus copartidarios como hacia sus opositores. Su silencio pone en evidencia que, o teme o comparte las amenazas de las Águilas Negras, postura inadmisible para un gobierno que se pretende democrático, pues una salida de esta naturaleza exige que la justicia en manos privadas sea contundentemente derrotada, primero y ante todo por las propias instituciones y por quienes son y fungen como autoridad política.
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