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¡El campesinado unido jamás será vencido!

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La Minga Nacional que se apodera del país es admirable por varias razones. Primero, la capacidad de movilización de múltiples movimientos sociales con diferentes orígenes y metas es inusitada. Es notable que los diversos grupos campesinos y étnicos puedan actuar coordinadamente para lograr objetivos comunes, que trascienden las metas de cada uno. Es notable, en especial, que lo hagan a pesar de las inmensas barreras que la acción colectiva enfrenta en el país, y que se agudizan para los sectores rurales.

Dichas barreras incluyen las gravísimas condiciones de inseguridad que padecen los activistas, y que se hacen particularmente dramáticas con la visibilidad que da la protesta y con la hostilidad que las causas agrarias generan en los paramilitares y las élites regionales recalcitrantes; la pobreza, que hace muy difícil el paro continuado de labores y también la consecución de los recursos necesarios para construir y mantener adherentes, difundir información, etc.; la falta de importancia que tradicionalmente ha tenido el campesinado para las élites políticas y la opinión pública, que ha menguado desde el paro agrario de 2013 y con las conversaciones de La Habana, pero que sigue siendo aún significativa.

Segundo, los objetivos de la Minga son claramente políticos y de gran envergadura. Aunque los campesinos reclaman la falta de cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno en 2013, sus exigencias no se refieren únicamente a subsidios, créditos y otras ayudas que pueda proveerles el Estado para hacer sostenible la actividad agraria. La Minga rechaza explícitamente el modelo económico rural basado en la explotación agroindustrial y en la minería que en varias iniciativas legislativas parece apoyar la coalición del Gobierno. En su lugar, propone un modelo en el cual el campesinado tenga un lugar protagónico, que implica que las tierras más valiosas del país sean dadas en propiedad y explotadas directamente por los pequeños productores sin temor a despojos ni desplazamientos por motivos económicos. Tal modelo exige una política seria de redistribución de la tierra mucho más amplia que la restitución actual; asimismo exige una política activa de promoción y apoyo de las organizaciones campesinas de modo que puedan explotar la tierra de manera tan competitiva como las grandes empresas agroindustriales.

Tercero, la Minga no solo exige políticas económicas; exige también que el campesinado sea reconocido como un actor político importante en el futuro del país. Esto significa que se le consulte colectivamente de las decisiones que le conciernen, y que se le ofrezcan espacios sostenidos de participación política. Los campesinos tienen claro que la modernización del campo puede implicar su extinción como clase; por eso quieren asegurar su supervivencia no solo en el plano económico sino también en el plano político.

Cuarto, la estrategia de protesta de la Minga se articula con una acción coordinada de los movimientos sociales en el plano legislativo y judicial que tiene objetivos similares. Esta acción incluye la oposición en el Congreso y ante las Cortes a numerosas iniciativas legislativas que buscan imponer el modelo económico criticado y que ponen en peligro la persistencia del campesinado, tales como algunas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, el Código de Minas, y la ley sobre Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).

Quinto, las organizaciones de la Minga tienen un impresionante sentido de oportunidad: al llevar a cabo el paro masivo en este momento crucial para las negociaciones de paz, la Minga le exige al Gobierno que tome una posición contundente sobre el modelo económico rural y sobre el rol que el campesinado ha de ocupar en el postconflicto. Una respuesta evasiva o limitada puede poner en serio riesgo la culminación exitosa de las negociaciones de paz, así como la aprobación popular de lo negociado. La única opción que le queda al Gobierno es adoptar una posición firme de apoyo a la redistribución y a la participación campesina en la economía y la política nacionales.

* Universidad de Princeton, Society of Fellows

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