¿Apostolados inútiles?

Podría pensarse que este fue un episodio especialmente enrarecido porque un grupo de rancia ideología se resiste a dejar que sanen las heridas profundas que dejó la soberbia armada del M-19, aun a pesar de que esta guerrilla abandonó la guerra para siempre. Sin embargo, el recién publicado libro Memoria de la impunidad en Antioquia, del IPC y la Corporación Jurídica Libertad, muestra que no son sólo las amenazas lo que ha privado al país de justicia, sino que hay prácticas administrativas y procesales que han obstruido las investigaciones judiciales sobre el paramilitarismo, el narcotráfico y sus cómplices.

Sólo cito unas pocas de las muchas que documenta el libro. Una, la falta de respaldo de la fuerza pública a los fiscales. Gregorio Oviedo, director del CTI de Antioquia entre 1997 y 1998, cumpliendo la ley, metió a la cárcel a un capitán por su posible participación en la masacre de Segovia y descubrió que Inteligencia del Ejército estaba espiando a Ana Mercedes Gómez, la directora de El Colombiano. En lugar de alegrarse porque un fiscal autónomo le ayudaba a vigilar su tropa, el comandante de la IV Brigada montó en cólera.

Dos, sancionar a los mejores. Luego Oviedo capturó a Jacinto Alberto Soto (el Pallomari de los ‘paras’) y comenzó a descubrir las finanzas de la naciente organización terrorista. Lo a menazaron, le asesinaron investigadores y tuvo que ser trasladado a Bogotá para proteger su vida. El para-contador Soto se fugó de la cárcel y cuando se desmovilizó de las Auc, quedó en libertad. Y a Oviedo, en lugar de darle el premio al mejor fiscal del país, lo declararon insubsistente y tuvo que exiliarse.

El caso de las finanzas de las Accu, que manejaron Oviedo y su jefe Iván Velásquez, se había originado en un allanamiento en el parqueadero Padilla de Medellín. Los investigadores encontraron allí toda la contabilidad de los paras desde 1995 hasta 1998. La justicia congeló 497 cuentas bancarias relacionadas. Llovieron las presiones. Y la impunidad llegó gracias a otra práctica de las varias detectadas por Memoria…: la de “expedientes van y vienen”. El proceso pasó a Bogotá, de una unidad a otra, y de ahí de vuelta a Medellín, y se redujo a preclusiones y absoluciones. Da escalofrío pensar que el exilio de Oviedo y las muertes de sus investigadores fueron en vano. Y más estremece saber hoy, como lo revela el libro, que varios de los giradores de cheques eran jefes paramilitares. Si la Fiscalía hubiera llevado el caso hasta el final, ¡cuán maltrecho hubiera quedado el proyecto paramilitar! Se hubieran evitado miles de muertes, la parapolítica y un inmenso dolor.

Otra práctica es la de cambiar fiscales eficaces por unos de vista gorda. Resultó excelente para sellar un despojo de tierras a campesinos de Urabá.

Ahora que la Corte Suprema se apresta a elegir Fiscal, deberá escoger al que tenga el carácter para combatir estas nocivas prácticas. Y esta Memoria de Antioquia debería ser lectura obligada para los candidatos de la terna, porque lo más grave no es, como dijo la valiente Jara, que ser juez en Colombia sea un apostolado, sino que éste no conduzca a que haya justicia.