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Los colombianos apreciamos la familia, el fútbol, los paseos, los amigos, la poesía. Pero siempre vemos mal a los gobiernos, la justicia, la salud pública, etc. Por eso, de vez en cuando, vale la pena apreciar instituciones que han podido resucitar luego de crisis profundas.
Estoy hablando de la justicia. Hace casi una década, los largos procesos a los parapolíticos arrastraron a algunos magistrados al fango de la corrupción; vendían decisiones a cambio de coimas multimillonarias. A comienzos de este mes, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, quienes fueran magistrados de la misma Corte. Ricaurte tendrá que completar 16 años preso; Malo, nueve años. Los dos actuaron para favorecer a otros funcionarios de Estado, senadores y gobernadores, a su vez corrompidos por los paramilitares, quienes habían cometido centenares de masacres y desapariciones. No se puede caer más bajo.
La semana pasada, la Sala de Primera Instancia de la misma alta corte condenó a otros tres ex magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio: Fausto Días, Alcibiades Vargas y Joel Trejos. Les dieron diez años de prisión domiciliaria, en consideración a su edad, pues los tres son mayores de 65 años. No es la sentencia definitiva, pero sí es demoledora.
Marbelly Jiménez había sido condenada por tres asesinatos, incluidos el de su marido y de su hijastro para apropiarse de la serviteca Autorrollings. Dos de los magistrados, Trejos y Vargas, reversaron su condena en segunda instancia a cambio de un pago de dos mil millones de pesos, esto es equivalente a lo que gastó la Escuela de Administración Pública en contratar a 17 docentes por un año. Jiménez les financió además fiestas en un balneario con comida, trago y mujeres pagas que iban vestidas de minnie-mouse y de enfermeras. No puede un juez deshonrar más su toga. A Díaz lo condenaron por haber ayudado en sus procesos judiciales a los sobrinos de alias Cuchillo, un jefe narcoparamilitar responsable de las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, con 69 víctimas.
Esta historia y las demás del Cartel de la Toga pueden mirarse con desesperanza: si se corrompe la sal, el país es inviable… y eso. No obstante, otra conclusión posible es que la propia justicia ha tenido la entereza de castigar con severidad a esos corruptos, sin importar sus cargos. Esa justicia independiente, a pesar de la violencia, las intimidaciones, las ofertas de sobornos, es más grande que muchas del continente.
La justicia colombiana condenó a varios congresistas que recibieron platas de los carteles del narcotráfico en los noventas, en lo que se llamó el Proceso 8000. También procesó y condenó a más de 50 congresistas por su complicidad con el paramilitarismo y las guerrillas, incluidos a algunos que colaboraron explícitamente con masacres por simples y cínicas razones electorales. A pesar de los vacíos que dejó, la justicia procesó y condenó a dos ex viceministros, a dos ex senadores y al presidente de una poderosa financiera, por dar o recibir sobornos en el caso de la constructora Odebrecht. Y ahora, aunque ha tardado, está llegando a condenar definitivamente a colegas magistrados por haber vendido su investidura a postores de quinta categoría.
A los jueces que hoy están considerando corromperse les vendría bien mirarse en el espejo de estos magistrados condenados. Sus títulos obtenidos con esfuerzo quedaron invalidados; sus alumnos, seguramente se avergüenzan de ellos; y ellos, ya viejos, aunque les queden millones, su legado profesional y familiar quedó en ruinas. Por eso, a pesar de que a veces pierda su camino, vale la pena apreciar la justicia colombiana que aún tenemos.
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