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El gobierno Santos fue el que más avanzó en la historia reciente de Colombia en reconocerles a colombianos golpeados por las sucesivas guerras internas el derecho a sus territorios. Su gestión administrativa y legal hizo posible que las cortes les devolvieran formalmente 338.000 hectáreas de tierras despojadas a más de 45.000 beneficiarios, entre ellas, 17.000 de comunidades étnicas y afros que recuperaron 201.000 hectáreas en 13 sentencias.
Con la otra mano, como lo documentó Verdad Abierta, entregó títulos mineros en tierras colectivas despojadas, como en Timbiquí y Cocomopoca, ahondando conflictos y debilitando la protección que brindan las autoridades afro y étnicas sobre esos territorios, asediados por la minería ilegal y el narcotráfico. A la hora de decidir entre devolver tierras y reconocer inversiones de agroindustria, los gerentes de la restitución privilegiaron las segundas, como en María la Baja. Al final, negaron seis de cada diez reclamaciones, aunque muy pocas eran falsas (y denunciadas penalmente) o justificadamente inviables.
El Plan de Desarrollo del gobierno Duque promete hacer más por estos colombianos maltratados por el país, y cuyos mejores líderes cada día mueren asesinados. Anuncia “pacto por la paz, cultura de la legalidad, convivencia, víctimas”, “pacto por conservar produciendo y producir conservando”, y “pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rom”. Las bases del Plan dicen que las intervenciones que haga el Estado en favor de las víctimas deberán buscar que sean “sujetos de su propio desarrollo, el de su comunidad y su territorio”.
Algunos primeros pasos, sin embargo, traslucen la misma genética de sus antecesores. La reacción presidencial a la protesta de los Nasa y sus oídos sordos al diálogo con los congresistas que buscaban discutir soluciones no parecen condecirse con la letra del Plan. Además, el partido de gobierno anuncia revisión a la Ley de Víctimas y Restitución, para aliviarles las exigencias a quienes ocupen tierras despojadas o baldíos de la Nación de probar buena fe en la compra de estos terrenos, con claros beneficios para grandes inversionistas en esos predios.
Aún quedan decisiones difíciles que nos darán nuevas pistas: ¿aplicará Duque la “cultura de la legalidad” que propone su plan cuando la Agencia Nacional de Tierras tenga que recuperar las casi 7.000 hectáreas de baldíos entregadas en Vichada a dos personas que no son campesinos sin tierras y uno de los cuales, según lo documentó la Liga contra el Silencio, es un representante a la Cámara del Centro Democrático? ¿Actuarán en consecuencia con los ideales del Plan de Desarrollo de Duque de “apropiación social de la biodiversidad” los gerentes de la restitución provenientes del gremio palmero en los 11 casos de predios reclamados por víctimas para restitución, hoy ocupados por la agroindustria y que, según documentó el proyecto de periodismo de datos Tierra en Disputa, suman 292.000 hectáreas?
No es un tema de buenos y malos, como los agitadores de la polarización interpretan toda discusión pública. Este es un problema de concepción del desarrollo. Si bien la dirigencia colombiana ha creado una institucionalidad que promete equidad y justicia para los habitantes más vulnerables en el campo, no concibe que hacerla cumplir tenga que ver con el éxito económico o la protección de los territorios contra el crimen. En el mejor de los casos, la ven como una concesión humanitaria. Uribe y Santos —y habrá que ver si también la nueva generación que llega con Duque— llevan consigo la impronta de “orden y progreso” del siglo pasado: sólo ven desarrollo rural donde hay inversionistas en gran minería, agroindustria y turismo, y sólo ven seguridad donde esté la fuerza pública.
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