El derecho a la paz

Vivanco dice que si pasa esta norma, Colombia violaría los pactos internacionales que ha firmado porque ordena centrar los esfuerzos de la investigación penal en los “máximos responsables” de los crímenes atroces y permite que no se persigan judicialmente los demás casos; autoriza que, aun a los condenados, se les pueda suspender la pena, y da “un grave retroceso, absolutamente innecesario e injustificado, al incluir a las Fuerzas Armadas”. Uribe coincide en lo de la impunidad para las guerrillas y dice que “desmotiva a las Fuerzas Armadas”, porque una negociación con la guerrilla en el horizonte congela la agenda de la seguridad y el crecimiento económico y social del país.

Disiento de ambos. Es sano que se juzgue y castigue prioritariamente a los “máximos responsables”, pues en Colombia poco se ejecutan las condenas a los jefes guerrilleros, y casi no las hay en contra de los generales que puedan ser responsables. Esta norma permitiría que la justicia se centre no en los rasos que obedecen, sino en los comandantes que ordenan. Además habilita a diseñar mecanismos para que los de abajo ayuden a enjuiciar a los de arriba. La ley deberá definir si los “máximos responsables” incluyen a cómplices civiles.

Tienen razón en que no es fácil aceptar que, una vez condenado, se le pueda suspender la pena a un Timochenko. Pero si realmente se sale de la guerra y se dedica a servir al país, como sucedió con los jefes del M-19, ¿por qué no? El marco da un incentivo legal para que las guerrillas dejen las armas. Si las Farc ven que las van a dejar 20 años en la cárcel, seguirán peleando hasta morir en el monte. Uribe lo sabe; si su gobierno no les hubiera puesto una zanahoria similar a los paramilitares, éstos jamás se hubieran desmovilizado.

¿Quiere decir esto, como dice Uribe, que se esté sacrificando la seguridad? Al revés, da tranquilidad que se desbloquee una posible negociación que podría acabar esta sangrienta y costosa guerra que no deja a Colombia dedicarle esfuerzos y recursos al desarrollo. Si se negocia, en dos o tres meses se acabarían Farc y Eln. ¿Imaginan la dicha?

Frente a los temores de Vivanco de que Colombia estaría violando los pactos que ha suscrito si perdona a los jefes de la guerra, surge la pregunta obvia: ¿no es esta la decisión autónoma de un país, si con ello alcanza la paz? Para conseguir la paz Sudáfrica, por ejemplo, perdonó a los criminales de los tiempos de odio y guerra. ¿Prefieren los colombianos mantener en letra muerta largas condenas para los culpables, así ello signifique que nadie parará la guerra voluntariamente?

Sin embargo, hay una advertencia de fondo en los reclamos de Vivanco y de Uribe, que convoca a manejar con suma cautela el desarrollo de este marco de paz. No hay que olvidar que Human Rights Watch habla con la autoridad que le da haberse batido contra autócratas de todos los colores a favor de los derechos ciudadanos, y Uribe tiene la de quien consiguió bajar la tasa de homicidio a la mitad. El marco legal para la paz debe ser una luz poderosa que ayude a atraer a los guerreros hasta final del oscuro túnel de la guerra, y no un atajo para repartir perdones prematuramente, sin que se haya asegurado ninguna paz.