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Unas impresionantes fotos de miles de jóvenes pandilleros semidesnudos y hacinados en una gigantesca cárcel fueron divulgadas masivamente por el Gobierno de Nayib Bukele como prueba de su exitosa política de mano dura. Detrás hay algo más escabroso.
Bukele había negociado en secreto con los líderes de las pandillas, como una manera de encaramarse en el poder, como ha venido revelando el reconocido medio digital salvadoreño El Faro. A cambio de que estas mataran menos y pusieran a la gente a votar por su partido Nuevas Ideas, les prometió rebajarles las penas, no extraditarlos a Estados Unidos y reformar algunas normas a su conveniencia. Una especie de parapolítica, pero conducida desde la Presidencia.
Sin embargo, el arreglo salió mal. Las pandillas cometieron tres masacres (una en abril de 2020, otra en noviembre de 2021 y la última en marzo de 2022) en las que asesinaron a 208 personas. Aun después de la primera y la segunda, Nuevas Ideas mantuvo su trato clandestino, lo que le ayudó a acumular poder y zafarse de funcionarios independientes en las ramas Judicial y Legislativa como contrapeso democrático.
Elevando la decepción a un arte, Bukele criticaba por Twitter a los defensores de derechos humanos por andar defendiendo los derechos de los pandilleros, mientras mantenía “sobre un charco de sangre beneficios políticos para él y su partido, y beneficios económicos y judiciales para los grupos criminales”, como escribió El Faro. Estos hechos quedaron ratificados en un reciente juicio a pandilleros en Estados Unidos.
Las fotos tampoco dejan ver que Osiris Luna, director de Centros Penales de El Salvador y viceministro de Seguridad, figura en la Lista Engel de los Actores Corruptos y Antidemocráticos (Sección 353), publicada por el Gobierno de Estados Unidos en 2021, por estar involucrado en sobornos.
También lo está el asesor legal del presidente Bukele por ingeniarse la manera de echar a magistrados de la Corte Suprema. Sin controles legales, el Gobierno además casi completa un año bajo el régimen de excepción, que suspende las garantías constitucionales. Como resultado, según documentó la revista Factum, aprovechando una filtración de información policial, varias personas han muerto bajo custodia policial o en los penales. También habla sobre las marchas de madres y centenares de quejas por internet de familiares de detenidos por el régimen, pues no saben nada de sus seres queridos. Muchos eran personas humildes, trabajadores de bien, como Rafael López, a quien se lo llevaron, murió en la cárcel sin derecho a la defensa y nunca le avisaron a su familia, según investigó La Prensa Gráfica.
La información de la Dirección de Penales está reservada desde septiembre de 2020, como lo está gran parte de la información pública en 22 entidades del Gobierno, según comprobó la revista Gato Encerrado. Así el Gobierno contrata sin vigilancia y maneja la criptomoneda con la aplicación oficial Chivo Wallet, que un programador vio por dentro y dijo que “está repleta de fraude”.
Qué lástima que los propagandistas de Nayib Bukele (léase Semana en Colombia, entre otros del continente) no lean la prensa salvadoreña. O quizá su oficio no sea el de informar sino hacer política. Inflan orquestadamente esta figura de “nuevo líder” latinoamericano para convencer a los futuros votantes de nuestros países de que necesitamos dictadores sin hígados que oculten la información pública, se liberen de todo control legal, silencien a periodistas y críticos, y se tapen de dinero junto con amigotes del sector privado. Estas “Nuevas Ideas” son bastante viejas. Los militares las ensayaron en América Latina hace tres décadas. Solo que ni siquiera ellos eran tan cínicos como para publicitarlas como un milagro.
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