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“Ha sido un proceso largo y ha sido estupendo observarlo”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al entonces mandatario Juan Manuel Santos, en mayo de 2017. “No hay nada más difícil que conseguir la paz, y ustedes (Colombia) han sido un gran ejemplo”.
Tres años y cinco meses después, el mismo Trump declaró: “La anterior administración negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de droga colombianos, se rindieron ante los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas se incrementara”.
La contradicción podría explicarse de tres maneras. El presidente estadounidense no se ha preocupado mucho por ser coherente así que, como la Chimoltrufia, “como dice una cosa, dice otra”. O es fuego de campaña. O, con tal de aportar su grano de arena al triunfo de Trump, Uribe y sus centrodemocráticos, guerreristas acuciosos, le proveyeron munición a su admirado aliado.
Cualquiera que sea la respuesta, una reelección de Trump amplificaría el megáfono de estas minorías radicales aquí y allá por cuatro años más, y su retórica que todo lo confunde podría acabar con el esfuerzo de paz.
La paz está rengueando, es verdad. El corte de cuentas que acaba de hacerle la Procuraduría dice que se han entregado 8.230 hectáreas a campesinos pobres, de las tres millones que, según el acuerdo, debíamos dar en una década. Se han formalizado casi dos millones de los siete millones prometidos, pero la mitad se hizo antes de la firma del acuerdo.
El Gobierno sí dio soporte legal a la ambiciosa meta de pasar de tener información actualizada del catastro rural sobre el 5,6 % del territorio nacional al 60 % en 2022, incluidos los municipios prioritarios para la paz. También consiguió, a cambio de reducción de impuestos, que 75 empresas privadas realizaran 57 proyectos de vías terciarias y obras comunitarias en los municipios afectados por el conflicto.
No obstante, la Procuraduría encontró que el esfuerzo para responderles a las 32.000 acciones concretas acordadas por comunidades rurales para mejorar sus vidas está desfinanciado.
Lo más preocupante, dice el procurador Carrillo, es que no hay una política de seguridad para los territorios en riesgo, ni plan para desmontar los grupos criminales que, entre la firma del acuerdo y julio pasado, han asesinado a 405 líderes sociales, 216 excombatientes y han cometido siete masacres.
Así que si gana Trump, hay menos chance de aprovechar la oportunidad histórica de asfixiar la violencia en forma sostenida en Colombia. En el norte sólo importará que el gobierno Duque siga obediente a las instrucciones de la fracasada, pero permanente, conspiración contra el régimen corrupto de Venezuela. Sin presión, el Gobierno seguirá llevando a rastras los acuerdos. La extrema derecha uribista dichosa afinará su discurso. Para esconder que su gobierno no tiene plan para derrotar al crimen organizado, seguirá vociferando contra las instituciones que buscan hacer justicia y verdad a las víctimas, como si estas fueran las responsables del rebrote violento.
Si ganara Biden el próximo 3 de noviembre, sin embargo, habría un chance de cambiar el curso de colisión actual. No serán los uribistas los que pidan ayuda para una paz que han querido devaluar a toda costa. La tarea recaerá en congresistas de oposición y la sociedad civil colombiana para conseguir un pronto viraje de política exterior en Estados Unidos hacia Colombia que diga fuerte y claro que la paz colombiana es estratégica para las Américas. Entonces las voces locales del cinismo perderán su aliado del norte, y el Gobierno recibirá un empujón para hacer más de lo que está haciendo bien, y por fin se proponga en serio desvertebrar a los grupos criminales que están haciendo trizas la paz.
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