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Los colombianos hemos aprendido en los últimos dos años que el sistema de salud colombiano es una máquina enorme y complicada. No se arregla con un solo mecánico y, mucho menos, demonizando a unos engranajes.
Gustavo Petro no parece haber aprendido que no se pueden resolver problemas complejos con la lógica simplista y demoledora de la ideología. Ni siquiera el saldo amargo que dejó su decretazo con las basuras de Bogotá (crisis sanitaria, compactadoras viejas, multas millonarias…) lo aleccionó.
Esta racionalidad guió sus últimas decisiones de Estado en materia de salud. Claro que hay fallas graves en la salud pública: casi no llega a las zonas rurales, hay deudas gordas de las EPS con los hospitales y farmacias, y no hay acuerdo sobre si el Gobierno debe girarles más a las EPS por paciente afiliado (UPC), como dicen estas, o, como dice el Gobierno, este no alcanza porque los operadores lo administran mal.
Con la idea previa metida en la cabeza, como corcho en botella, de que no debe haber privados con ánimo de lucro prestando servicio de salud, el gobierno Petro presentó al Congreso la reforma al sector. Más que solucionar los líos, buscaba sacar a los privados de la administración de la salud. Por eso no consiguió consensos. Y cuando salió derrotado, ordenó la intervención de la Nueva EPS y de la EPS privada Sanitas, tan a las carreras que un decreto salió con errores. Los argumentos, dice el superintendente, son técnicos, pero todos sabemos que son políticos.
El Gobierno se fue contra su propio gerente en la Nueva EPS, dicen los analistas, porque había confesado que estaba en aprietos similares a los de las privadas, debilitando la tesis oficial de que el problema eran ellas. O quizá, dicen otros, quiso deshacerse de la junta a donde se sientan las cajas de compensación porque busca inyectarle plata sin testigos, para no tener que reconocer que la UPC que hoy gira el Gobierno sería insuficiente.
Cobró venganza contra Sanitas (Keralty) porque es extranjera (más vulnerable por no tener conexiones con los poderes nacionales) y había hecho aportes a campañas de algunos congresistas que votaron contra la reforma. Dijo el superintendente que la cifra de quejas era intolerable. Fueron 186 quejas por cada 100.000 usuarios, según dato de este diario. Eso quiere decir que, en el último año, se quejaron 10.416 personas —de los 5,6 millones de usuarios de Sanitas—, sobre todo porque no conseguían citas.
También alegó que Sanitas gastaba más de lo girado por la UPC, pero esa es la realidad creciente de casi todas las EPS, en parte porque la disrupción en el servicio que anunciaba la reforma empujó a más usuarios a pedir servicios.
Ahora la gerencia de EPS que proveen salud a 16,6 millones de colombianos la ejercen dos funcionarios públicos interventores. Sin juntas directivas que cuiden los recursos, contrapesos ni controles porque quien los vigila los puso ahí. Los dos interventores suman como toda experiencia una interventoría (aparentemente buena) de un hospital de Valledupar y cargos temporales o secundarios en la Secretaría de Salud de Bogotá.
Para reparar máquinas complejas hay que unir esfuerzos privados y públicos y sí, negociar duro para defender el interés público ante el afán de lucro. Pero eso requiere meterse a revisar cada engranaje, verle los grises al sistema, ajustar los detalles, cuidar el centavo. Este Gobierno crecientemente ideologizado desdeña cada vez más ese trabajo. Ante su ineficacia, le quedan los brochazos y gestos grandilocuentes, como estas interventorías, para dejar constancia de su paso, ya casi sin importarle si resuelve los problemas de verdad.
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