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Para finales de octubre, Medellín estaba pronosticando conseguir en 2024 la tasa de homicidios más baja de su historia: 11 por 100 mil habitantes. Tuvo hasta 130 días seguidos sin un asesinato. Las autoridades dijeron que las cámaras les dan mayor capacidad de reacción ante riñas y crisis domésticas y además incautaron medio millar de armas. Otros más cínicos aseguran que hay una nueva ‘donbernabilidad’, o sea, órdenes de los carteles a sus combos de preservar la tranquilidad en la ciudad para no perturbar sus múltiples negocios sucios.
Puede ser un poco de todo, pero hay un trasfondo fundamental. Desde 2004, bajo el gobierno de Sergio Fajardo, la ciudad comenzó a tomarse a sus jóvenes en serio: a abrirles camino, con educación, bibliotecas, centros de emprendimiento, bandas, pero de música, apoyo a los más vulnerables, ensanchar el ITM, entre muchas otras acciones. La que había sido la ciudad más violenta del mundo, con más de 300 homicidios por 100 mil habitantes, empezó a olfatear lo que era vivir sin terror. Aprendió a apreciar la vida, a cuidarla, a valorarla. ¡Hay hasta jefes criminales que la respetan!
Varios gobiernos locales siguieron el empeño, masificaron la enseñanza y trajeron congresos y festivales internacionales que ya se animaban a venir por la creciente tranquilidad. El último gobierno de Quintero, tan demagogo como eficaz en quebrar la alianza con las organizaciones civiles de la ciudad, iba echando al traste con esos logros, pero la fuerza cívica puede más.
Algo similar había pasado en Bogotá cuando tuvimos una seguidilla de buenos alcaldes que se tomaron a los jóvenes en serio. Entonces, la capital parecía una isla pacífica, sola en medio de la peor violencia nacional en la vuelta de siglo.
No es lo que pasa ahora. Con una mejoría en homicidios al comienzo de año, Bogotá cerró octubre pasado con casi 1.000 homicidios, promediando tres cada día. Una tercera parte de esas muertes fueron por conflicto y descomposición social, dijo en un reciente reportaje este diario. Por ejemplo, una cuñada que manda matar por bronca; un motociclista al que no le abren el parqueadero y agarra a tiros al celador; un marido que coge a golpes a su mujer. Lo demás se lo atribuyen a guerras de territorios entre bandas criminales.
En Barranquilla, una ciudad que fue tranquila, se calcula que pueden cerrar el año con una tasa de homicidios de 29 por 100 mil habitantes, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. También allá se matan entre esposos, amigos, hermanos, pero el grueso de la tragedia es fruto de “la competencia criminal”.
Estoy convencida, sin embargo, de que en estas ciudades, como también en Buenaventura, la más violenta del país, con 51 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023, estamos cosechando la indolencia del pasado.
Por tiempos demasiado prolongados, a los gobernantes les importaron un bledo sus jóvenes pobres. Sin salidas, los jóvenes se llenan de rabia contra el vecino, el amigo, la esposa. También son más vulnerables a la tentación del dinero fácil o de la política extrema.
En la pandemia los encerraron, los castigaron por incumplir la cuarentena, dejaron el colegio y quedaron a la deriva. El estallido social fue su grito de auxilio al que los gobiernos respondieron con represión, cárcel o muerte.
Ahora cosechamos los frutos de esa tremenda siembra. No se cambia la seguridad de una ciudad solo con cámaras, policía y cárcel. Si quieren cosechar seguridad futura, los alcaldes deberán garantizar un entorno de inversión sostenida, eficiente, diversa y múltiple en el potencial talento de todos sus jóvenes. Medellín, que sufrió tanto, lo está aprendiendo. ¿Por qué cuesta tanto que las otras lo aprendan?
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