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Bernardo Betancourt, el candidato conservador a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander) asesinado el domingo en La Gabarra, había firmado la paz con sus competidores, pero había grabado un video denunciando que personas andaban diciéndoles a las comunidades rurales que él sería inhabilitado. “Queremos que, si nos ganan las elecciones, nos ganen de manera limpia”, dijo.
Karina García, la candidata liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), de 32 años, abogada, asesinada con granadas y ráfagas de fusil el primero de este mes junto con su mamá, un aspirante a concejal y tres personas más, en los últimos 15 días había publicado dos videos. Denunció que le estaban tachando sus afiches de campaña, que le estaban mandando a decir que le pegarían un susto y pidió a sus contendores que no hicieran comentarios irresponsables y falsos “frente a estos grupos armados” que podían traer para ella “consecuencias fatales”.
Hace unos días el presidente Duque anunció que la fuerza pública había matado al jefe de las disidencias guerrilleras responsables del horrible crimen.
Nueve días después, el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo (Antioquia), Hernando Orley García, admirado profesor rural de 48 años, especializado en administración de empresas y educación, fue asesinado en una vereda y por tiros de escopeta. “El asesinato de nuestro candidato Orley García ratifica que las 209.000 hectáreas de cultivos de coca que facilitó @JuanManSantos activaron la guerra del narcotráfico a la política”, trinó inmediatamente su partido. No obstante, según el Observatorio Oficial de Drogas de 2018, en Toledo no había ni cuatro hectáreas de coca sembradas.
Tulio Mosquera, candidato liberal a la Alcaldía de Alto Baudó, está desaparecido desde el 24 de agosto, y Óscar Lombana, candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Potosí (Nariño), desde el 9 de septiembre.
La MOE dijo que son 22 candidatos a las alcaldías amenazados, incluidos tres de Cartagena. Ni siquiera nuestra ciudad turística por excelencia garantiza elecciones libres, piedra angular del cimiento de cualquier democracia. Pero hacemos de cuenta que no. Es como jugar un partido de fútbol con un equipo de 11 y otro de ocho y, aun así, declararlo justo.
Garantizar que haya elecciones en octubre implica tomar medidas más estratégicas que capturas y bajas sospechosamente rápidas, o los aumentos de pelotones que anuncia Mindefensa. Para empezar, se requiere una seguridad sustentable. Por ejemplo, Suárez necesita un Estado coordinado e inteligente que se alíe con sus mejores ciudadanos para desvertebrar a las bandas delincuenciales que se hacen llamar “columna”, “águilas negras” o “cartel de Sinaloa”, e identificar qué autoridades permiten sus turbios negocios (383 hectáreas de coca en expansión, minería de oro clandestina, despojo de tierras colectivas).
También implica sincerarse y aceptar que la competencia electoral local no funciona en buena parte del territorio; reconocer que el asesinato de candidatos impide que se cumpla la condición democrática indispensable de elegir y ser elegido libremente. Esto es, diseñar normas excepcionales sobre quién puede participar en una elección luego de que un candidato ha sido sacado a la fuerza.
Estas medidas de fondo requieren visión. Pero el presidente de la República, más preocupado por ganar popularidad que por la salud real de la democracia local, posa de eficaz anunciando la “baja” del día. Lo peor es que cada vez que se rebaja a incluir a estos malandros en su agenda de estadista y cita con mayúscula los nombres que les ponen a sus bandas, lo que consigue en la práctica es subirles el perfil de poder y, por ende, su capacidad de intimidar y amedrentar a los habitantes de estos municipios.
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