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“Ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del artículo 44 de la Constitución que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, de aprobar la cadena perpetua para violadores de niños”, dijo el presidente Iván Duque en días pasados, emocionado cuando el Congreso aprobó la ley.
Apenas un mes antes había ordenado el encierro de todos los niños de Colombia en sus casas, colegio virtual por celular y almuerzo escolar cuando se pueda. Luego, en mayo, dijo que solo los que tuvieran entre seis y 17 años podían salir de sus casas durante media hora tres veces por semana porque “los niños quieren tener un espacio en el día para recibir la luz del sol”.
Media hora de sol tres veces por semana… condiciones más severas que las de un preso de máxima seguridad.
Bajo semejante enclaustre muchos niños quedaron en peor riesgo porque la violencia familiar siguió, pero el encierro sofocó la denuncia. De lo que sabe entre marzo y abril, Medicina Legal registró la muerte de 83 niños y niñas menores de 11 años, y 2.093 niños y adolescentes reportaron ataques sexuales.
Dicen los estudios que los niños son los que menos se contagian y los que menos requieren hospitalización. Si de veras le importara protegerlos, el Gobierno hubiera pensado condiciones más humanas para ellos durante la cuarentena.
Semejante comportamiento nos revela que el presidente no respalda la cadena perpetua a violadores porque le preocupen tanto los derechos de los niños, sino porque la mano dura es su receta preferida.
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“Quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción”, aseguró Duque en agosto de 2018, después de que 11,6 millones de colombianos votaran contra esta, y radicó un paquete de reformas para acoger la voluntad popular.
El Gobierno ha entregado $2 billones en contratación directa justificada por la emergencia del COVID-19. Van 117 financiadores de campaña que invirtieron $4.700 millones en las elecciones y sacaron $12.500 millones de contratos por COVID-19, según un informe de Transparencia por Colombia. Y el contralor ya ha encontrado sobrecostos en compras de alimentos y créditos para campesinos que se van al gran agro.
“Necesitamos que Colombia avance mucho más en materia de transparencia”, había dicho la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en febrero pasado. Dos meses después nos enteramos por Insight Crime de los negocios del esposo de la “cristalina” dama y un mafioso. Pide que Colombia avance “en materia de transparencia”, pero ella va a la retaguardia.
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“Siempre buscamos tomar medidas que tengan como primera prioridad la protección de la vida y la salud de los colombianos”, dijo el presidente Duque cuando inauguró las cuarentenas. Llevó la prioridad hasta que en abril cayó la economía en un 20 % y se perdieron 5,4 millones de empleos.
Después de semejante sacrificio, este viernes, sin embargo, adelantó su prometido día sin IVA, que le cuesta $130.000 millones al desfinanciado erario. La ganga produjo 85 puntos de aglomeración con centenares de personas. La gabela a los vendedores de electrodomésticos creó focos de propagación masiva del virus del que Colombia se había salvado hasta ahora. Fueron esas multitudes en estadios y conciertos las que les trajeron a Londres y Madrid picos de contagio que, en proporción a la población, han superado los de cualquier ciudad latinoamericana.
¿No importaban más la vida y la salud?
Mejor sería tener un día sin Iván. No nos quita el mal gobierno, pero al menos descansamos un rato de que nos mientan con palabras bonitas.