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El gobierno Petro cierra el año con un mayúsculo esfuerzo para enfocar e impulsar la inversión pública y privada con su visión de país. ¿Cuáles son sus prioridades? Una economía apuntalada en nuevas fuentes de energía y que reutiliza sus desperdicios, que produce más alimentos, que ensancha su industria farmacéutica, aprovecha su diversidad para el turismo y usa su experticia militar en la producción de piezas para industrias no militares como la construcción de barcos.
En el borrador de su “política de reindustrialización”, disponible para retroalimentación, el gobierno proyecta una economía que en una década disminuye su dependencia del petróleo y la minería convencional, expande su capital humano calificado para producir y exportar bienes y servicios de alto valor agregado y aprovecha su rico capital biológico para apalancar un nuevo desarrollo sostenible, que incluye la economía popular y campesina.
Partimos de un momento difícil. Según el diagnóstico de la Oecd de Colombia para 2023, la inversión ha caído a menos del 18 % del PIB (frente a 22 % en promedio entre 2014 y 2019). Una razón ha sido la subida de las tasas de interés para frenar la inflación. La otra, dice el organismo, es “la incertidumbre política”. Empujar la transición energética en un país dependiente de los hidrocarburos, y además proyectar gastos mayores en salud y pensiones, como los que plantean las reformas, todo a la vez, lleva al desasosiego. No ayudan la expansión de la criminalidad y el aumento del secuestro.
La cuesta es empinada. No obstante, esta política nos permite vislumbrar oportunidades de empleo mejor remunerado y de crecimiento económico más saludable. Por supuesto también, planta las semillas para montar nuevos negocios y sus pioneros podrán ganar mucho dinero.
Colombia ha ido perdiendo su sector manufacturero que generó empleo para la clase media y capital para los magnates de hoy. Se hizo adicta al dinero fácil del petróleo y el carbón, industrias dañinas para el ambiente, que generan pocos empleos y traen maldiciones conocidas (solo mirar a Venezuela).
Por la guerra interna, se contrajo el sector agrícola, pesquero y ganadero a la mitad de lo que era. Representaba casi el 15 % de la producción nacional hace cuatro décadas, y ahora solo el 7 %.
Propone el gobierno recuperar esos sectores, pero en clave de cambio climático, tecnología e innovación. Su tesis es que el Estado puede ser el socio que le traza el rumbo al sector privado, ayuda a formar el talento humano necesario, facilita la institucionalidad, usa sus fortalezas y capital y crea los incentivos.
Ejemplos de los nuevos negocios que propone producir: energías no renovables, equipos y servicios para reconversión de vehículos a eléctricos, valorización de residuos que produzcan energía o fomenten la economía circular, agricultura de precisión; excipientes, medicamentos, radiofármacos y vacunas, así como dispositivos médicos; partes y servicios tecnológicos para astilleros y empresas aeronáuticas. También quiere ver turismo sostenible e incluyente que aproveche la gran heterogeneidad geográfica y cultural.
La política pone metas ambiciosas, como que para 2026 las exportaciones no minero-energéticas crezcan en un 56 % y aumente la inversión extranjera directa en manufactura y en producción agropecuaria.
Por demasiados años nos hemos concentrado en resolver el pasado. O en proponer incentivos en función de lo mismo: más dependencia del petróleo, más gabelas para los ricos de siempre. Esta política de reindustrialización es, en cambio, una bocanada de oxígeno. Está por ahora en el papel y requiere también de la apuesta privada para construirla. Propone una visión mas ancha de país, una que incluye a los territorios y abre la posibilidad de que los jóvenes obtengan mejores empleos. Dibuja así una ilusión potente para el 2024.
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