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A varios líderes del Gobierno Petro les gusta más desbaratar que gobernar. Algunos de ellos, ministros y congresistas de la bancada oficial –al igual que el presidente—, se hicieron en la lucha contra un sistema lleno de injusticias y su discurso crítico, sin matices, es popular porque dice verdades.
La propuesta de reforma la salud es la que mejor pone de manifiesto esta vocación destructora.
¿Quién no madrea contra su EPS cuando ve diagnósticos equivocados de médicos con tiempo limitado para examinar cada paciente y restricciones para ordenar exámenes? ¿Quién no protesta cuando la doctora trata a los familiares de una paciente agonizante con la sensibilidad de lija industrial? ¿Quién no culpa a la EPS por la muerte de su ser querido que llegó a un hospital sin contrato con ésta y no lo atendieron? Según la Supersalud, entre enero y septiembre del año pasado hubo 814 mil peticiones, quejas y reclamos contra las EPS y cada año las tutelas pasan de 200 mil.
Además, es complicado entender, si el gobierno les gira a las EPS una suma por cada afiliado, por qué las EPS activas hoy le deben 16,6 billones de pesos a los hospitales y las que están en liquidación y liquidadas deben otros 6,7 billones, según informó la Supersalud.
Todo eso requiere meter en cintura a las EPS que no cumplen, montar redes de control de la calidad, mejorar la atención preventiva y crear un servicio especial para el área rural alejada, según dicen expertos. No obstante, la regulación es políticamente menos fructífera que sacar del juego a las EPS, que es lo que la ministra Carolina Corcho lleva meses anunciando. “Acabar con una arquitectura cuya cobertura es prácticamente universal y que limita el gasto de bolsillo de las familias sólo se justifica si hay una mejoría notable”, escribió hace poco Ricardo Ávila en El Tiempo.
No se ve cómo sería mejor el nuevo régimen. ¿Se justifica resolver un problema de calidad que genera unas 3.200 quejas y tutelas diarias de los usuarios, destruyendo un sistema que atiende dos millones de citas al día? Menos cuando augura más corrupción, pues las mafias políticas clavarán su garra depredadora a esos flujos de billones en manos sólo estatales. Los pobres tendrán que aguantar filas y los que puedan, se irán a pagar médicos privados, quienes por supuesto tendrán mejores ingresos. ¿Será eso lo que busca la ministra, exactivista del gremio médico? Así, a nombre de la “revolución”, el sistema ineficiente pero justo como el de hoy (subsidiados y contribuyentes tienen la misma cobertura), se puede tornar en uno profundamente desigual.
Es expedito destruir gloriosamente para “vender” el compromiso político con el cambio extremo. Gobernar, en cambio, es decir, meter en cintura, regular, vigilar, diseñar correcciones y complementos, concertar para asegurarse que una reforma no traerá peor daño, es más lento y complejo y, sobre todo, invisible políticamente.
El cambio es urgente en salud. También lo es en pensiones: garantizar una pensión mínima universal y regular a las cuatro AFP para que ganen menos y den mejor rentabilidad y garantías de ajustes inflacionarios a sus 260 mil pensionados y los 18,7 millones de aportantes serían apenas primeros pasos. Eso sería un gobierno revolucionario. No lo es llevar los fondos de pensiones a la quiebra, dejando a pensionados y cotizantes en vilo.
Demoler es más atractivo para quienes, con razón, llegaron a cambiar las cosas. No obstante, a la larga, mejor negocio podría salirles seguir el ejemplo de otros líderes de este mismo gobierno que no buscan arrasar con topadora, sino gobernar para traer el cambio inaplazable que se necesita.
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