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Hay un prudente regocijo en Buenaventura. Tras muchos ires y venires y un sartal de promesas e incumplimientos, el Gobierno —léase Ministerio de Transporte— le ha dado vía libre a la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura (Srpbun) para que acometa las obras de dragado en el canal de acceso al puerto, con una profundización promedio de 13 metros.
Para esta obra se invertirán US$54 millones que serán desembolsados por esta entidad, provenientes de sus compromisos de inversión que hiciera a cambio de la prórroga por 20 años más de su concesión.
Como se sabe, el nuevo Canal de Panamá permitirá el paso de naves de gran calado y la actual profundidad del ingreso a Buenaventura no permitirá su arribo a nuestras costas: Total, el primer puerto colombiano quedaría desueto, inviable y no competitivo.
Sin embargo, y aunque este es un buen punto de partida, se trata de una solución a medias o paños de agua tibia. Primero porque la profundización ideal es de 15 metros y segundo porque en los US$54 millones no está contemplado el mantenimiento del canal, cuyo pago puede salir perfectamente de los US$450 millones que recibe el Estado por cuenta de su tercer tributarista que es el puerto de Buenaventura.
Consideremos pues esta determinación como la cuota inicial para que tengamos un canal de acceso competitivo y ojalá no haya que hacer más y más rogativas para no quedarnos en la mitad del camino.
La decisión del Gobierno no puede ser la respuesta apresurada a la presión que le venían ejerciendo los gremios, los dolientes y los medios y que se le apareció la virgen con la oferta de la Srpbun, que asegura tener lista la disponibilidad de estos recursos, sino también las bendiciones de la junta directiva.
Es imperativo entonces que se planifique y provea de los recursos para la segunda parte de la profundización del dragado y para su mantenimiento. De lo contrario volveríamos al viacrucis de estar pidiendo al Gobierno lo que en justicia nos corresponde.
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