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Un vergonzoso capítulo acaba de escribir el Ministerio del Transporte para la ampliación del plazo para renovar las licencias de conducción, previsto para el próximo 31 de enero.
Para cualquier aprendiz de matemáticas resultaba imposible que dichas licencias pudieran ser renovadas: no era sino dividir la cantidad de pases entre los días previstos para ello y, ni atendiendo las 24 horas, se habría podido llegar al 40%.
Aquí hubo una improvisación supina o una premeditada mala fe o ambas cosas, en una actitud que deja mucho que desear de quien comanda el Mintransporte.
Conductores haciendo colas interminables desde la 1 de la mañana para que luego les salieran con la frase “se cayó el sistema” en un vía crucis que demoró más de una larga semana, fue el año nuevo que recibieron quienes se comieron el cuento de que el último día sería el susodicho 31 de enero.
Ante semejante metida de pata, la ministra pasó de agache y puso a su viceministro a que diera la cara con las explicaciones de rigor y saliera con formulitas como un tal pico y placa, fijando un nuevo plazo que irá hasta marzo o abril o mayo o junio.
¿Cómo es posible que el Gobierno no se haya dado cuenta con antelación de esta situación y haya jugado con millones de conductores a todo lo largo y ancho del país?
Pero hay más: sucede que está haciendo carrera la teoría de que no hay que pagar por la renovación de este plástico. ¿Se imaginan lo que será la devolución de estos dineros?
Pareciera que el Gobierno se la tuviese “montada” a los conductores de este país porque la otra medida de la sanción por la ingesta de una cerveza —$1’700.000, inmovilización del vehículo e inhabilitación del pase por un año— no se ve en ninguna otra parte del mundo, y ya verán la cantidad de restaurantes y cafeterías quebrados por culpa de querer ser más papistas que el papa.