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En buena hora el presidente Duque tomó la determinación de militarizar el puerto más importante del país, el que más recursos le deja a la nación y la puerta de entrada y salida al mar del siglo XXI.
La decisión se estaba demorando porque la problemática de inseguridad, homicidios, microtráfico, extorsiones y demás delitos conexos se ha salido de madre y la escasa policía con que cuenta la isla de Cascajal es absolutamente precaria frente a lo que se padece permanente y crecientemente.
El presidente habló de completar un contingente de 1.200 soldados a marzo del año entrante más 35 efectivos especiales para combatir los mencionados delitos del microtráfico y el boleteo.
Esta decisión se tomó tras un consejo de seguridad que reunió a los gobernadores del suroccidente, quienes venían clamando desde hacía varios meses por una solución de fondo ante el avance delictivo, producto de los desmesurados incrementos en las siembras de coca y marihuana, la minería ilegal que sigue azotando las cercanías de Buenaventura y el retorno de los capos que fueron extraditados en los 90 y han regresado a “reclamar” sus negocios y propiedades que les fueron incautadas.
Frente a esta expectativa de sangrientos enfrentamientos que, dicen, apenas están empezando, se le va a salir al quite de manera radical con labores de inteligencia, patrullaje y guerra frontal y sin cuartel que tendrá que abarcar, además, la extensa costa Pacífica, por donde salen la coca y la “marimba” y entran las armas para la guerrilla y la delincuencia común.
Tal militarización del bello puerto del mar, distante de Cali tan solo 125 km por carretera, podría ser el primer paso para hacer lo mismo en la capital del Valle del Cauca, cuya seguridad está siendo vulnerada de forma persistente por una delincuencia que tiene en ascuas a sus dos millones y medio de habitantes, que reclaman airadamente una mayor presencia del Estado ante la ola delincuencial, que en buena parte procede de Buenaventura y sus alrededores.
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