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La idea de montar una planta regasificadora en Buenaventura está generando una polémica a la cual es ajena la comunidad. Y es que Juan Pueblo no sabe ni entiende por qué hay una discusión en torno a su conveniencia.
Hablando en lenguaje sencillo, se trata de importar gas del exterior, convertirlo para su uso cotidiano y distribuirlo, para lo cual se requiere una gran infraestructura y un sofisticado montaje que cuesta más de dos billones de pesos, que pagarán en buena parte los usuarios de este combustible.
Ya existe en Cartagena otra planta regasificadora similar que costó mucho menos y que para algunos es suficiente para abastecer la demanda nacional en los próximos cinco años o más, pero que para otros es insuficiente y hay que prevenir una posible escasez.
Hay, desde luego, intereses comerciales de no poca monta, pues para quienes usufructúan de este negocio la regasificadora de Buenaventura les significaría una dura competencia. Además sostienen que ellos están haciendo patria con la generación de empleo y altos pagos en materia de impuestos y demás contribuciones fiscales.
Existe, pues, una lucha entre estos dos bandos y ninguno da su brazo a torcer, por cuanto de lado y lado existen razones y argumentos económicos, sociales y hasta políticos, en los que la posibilidad de un racionamiento debido a circunstancias impredecibles debe ser tenida en cuenta.
Lo otro es que una obra de este calado para la costa Pacífica sería un oasis en ese desierto de inversiones que agobia a cientos de miles de compatriotas, circunstancia que pesa, y harto, en un panorama laboral bastante estéril y peligroso.
Se hace entonces necesario un debate de cara a la opinión pública, que es en últimas quién saldrá perjudicada o beneficiada con este proyecto de indudable importancia para el futuro energético de nuestro país, en donde la improvisación, por no prevenir el futuro, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas.
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