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Decíamos ayer que el canal de acceso a Buenaventura o se profundiza o al puerto se lo lleva el diablo. E insisto en el tema: los nuevos buques pospanamax requieren 15 metros mínimo para poder ingresar por la bahía, que hoy tan solo tiene 12,5 metros de hondo; para hacerme entender, si no se hace ese dragado, Buenaventura quedará como un puerto de tercera al que no podrán entrar sino barquitos de un calado para nada competitivo.
Así las cosas, los contenedores se irán para Posorja, el nuevo puerto de aguas profundas de Guayaquil, como va a suceder el mes entrante con tres empresas que han decidido cambiarse a este nuevo puerto ecuatoriano.
Es urgente, entonces, acometer la obra del mencionado dragado, frente a lo cual el Gobierno ha propuesto que se haga una alianza público-privada (APP) y que la obra, que cuesta US$250 millones, se pague con un peaje que se les cobrará a los buques que entren y salgan, iniciativa que sería rechazada por los usuarios, porque perderían competitividad o, peor aún, les cargarían esos sobrecostos a los dueños de las mercancías.
El Gobierno Nacional tiene la obligación de solucionar el asunto del dragado y hay incluso legislación que obliga a que se realice, tema que se está desconociendo en un proceder que no se compadece ni con la ciudad-puerto, ni con los aportes multimillonarios que tributa a las finanzas centralistas y que no son ni han sido retribuidos de manera justa y equitativa.
Si existe voluntad política, comprensión del catastrófico problema que se viene pierna arriba y conciencia social, se pueden encontrar fórmulas de financiación a largo plazo con la banca multilateral o firmas dragadoras que gestionen los créditos con sus respectivos países, actuando como garante el Estado colombiano.
Los gremios bonaverenses, la municipalidad y la Gobernación del Valle están tratando de buscarle una salida a la entrada del puerto y el tiempo apremia.
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