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No cesan los ataques contra el cultivo de caña del que derivan su sustento más de 100 mil habitantes del Valle del Cauca vinculados directa o indirectamente a la cañicultura y a los muchos derivados del azúcar.
Primero fueron las multas que lograron rebajarse en un pequeño porcentaje y sobre las cuales se entablaron las demandas pertinentes, que lógicamente serán ganadas por los ingenios al Estado por sumas muy superiores a lo que injustamente están pagando.
Y ahora se viene otra amenaza: la importación de etanol de maíz a Colombia en donde producimos hoy en día un millón 200 mil litros diarios, suficientes para cubrir la demanda nacional.
La importación de etanol proveniente de Estados Unidos competirá con la producción nacional por cuanto llegará con cero arancel, significando nefastas consecuencias tanto económicas como ambientales, no solo por el precio bajo, sino porque el etanol colombiano hace que se disminuyan en un 74 % las emisiones de gases, mientras que el gringo lo reduce tan solo en un 10 % .
Ignoro cuál y por qué es la inquina del alto gobierno con los miles de cultivadores de caña de azúcar que generan empleo y bienestar. ¿Por qué apretarlos de esa manera?
Se ha creado el mito de que el sector azucarero vallecaucano lo integran siete familias ricachonas que no hacen más que acumular fortuna. La verdad es que –repito– hay miles de agricultores que tienen pequeñas extensiones y que suministran el mayor porcentaje de la caña que se muele en los ingenios azucareros.
Hay que tener en cuenta que una cosa es el etanol extraído de la biomasa de la caña y otro el proveniente del maíz, con la mencionada amenaza para la oxigenación de la gasolina.
Ojalá que se entienda que este no es un problema de la alta oligarquía económica, como se quiere mostrar, sino un atentado contra quienes siembran caña y dan empleo a miles de personas que podrían perder su trabajo por culpa de una arbitrariedad a todas luces condenable.
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