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Con la caída del 21 % en el precio internacional del azúcar, los cultivadores del monocultivo más importante del Valle del Cauca están en alerta roja. Como se sabe, esta agroindustria genera cerca de 300.000 empleos entre directos e indirectos, lo que significa que de ella depende económicamente una tercera parte de la población de este departamento.
La razón es que hay excedentes en la producción mundial de azúcar que, sumados a los estímulos de muchos gobiernos para su producción, los aranceles unilaterales impuestos al azúcar colombiano por países como Ecuador y Perú, y el etanol de pésima calidad —contaminante además— proveniente de Estados Unidos, han encendido las alarmas a la espera de que el actual Gobierno desembarre la actitud hostil y revanchista que azotó a los azucareros en el gobierno Santos.
A lo anterior hay que sumarle la afectación de más de 240.000 hectáreas que han sido intervenidas por grupos indigenistas —no todos, menos mal— con su cuento de la Pachamama, en el que existe una contradicción, porque hay comunidades indígenas que hoy le venden la caña de azúcar a los ingenios. Paradójicamente, esas 240.000 hectáreas son casi iguales a las extensiones de cultivos ilícitos que se erradican aritméticamente, pero se aumentan geométricamente en algo de nunca acabar.
Pero ahí no termina el viacrucis de los miles de pequeños cultivadores de caña que no tienen otra opción de siembra para hacer producir sus parcelas: anda por ahí el cuento de que el azúcar es malo y que hay reemplazarlo por otros edulcorantes, pero se ha comprobado que resulta peor el remedio que la enfermedad.
Urge, por tanto, que el ministro de Agricultura se apersone de esta situación y, tal como lo manifestó en Cali en día pasado, solivie esta situación. De lo contrario, se vendrá a pique un pilar fundamental no solo del suroccidente del país, sino de la agricultura colombiana.
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