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Quizás sea cierto que estamos decepcionados y frustrados como se oye en medios, redes sociales, pasillos y calles. La confesión del general Santoyo a la Corte de Virginia sobre su apoyo a paramilitares mientras estaba activo y era jefe de seguridad del expresidente Uribe, nos ha puesto de acuerdo en el ánimo aunque las razones no sean las mismas.
Para algunos, y me incluyo, lo más descorazonador en estos momentos es la ausencia de la justicia colombiana en inteligencia, contrainteligencia, investigaciones y coherencia.
No puede ser que los casos más graves y las denuncias más sensibles sigan teniendo origen en procesos de otros países, o en falsos testigos o supuestas pruebas en computadores de ilegales, o en declaraciones de quienes al margen de la ley buscan minimizar penas y salvar capitales mal habidos.
Por eso es poco consolador el mindefensa cuando dice que “el que las hace las paga”. Santoyo podría ser condenado, según se conoce luego de lo que firmó en EE.UU., sin reconocer narcotráfico, de 10 a 15 años de cárcel, pero pagaría sólo 5 y 3 con libertad condicional, dependiendo de su colaboración. Pero ¿qué le interesa a la justicia estadounidense? Capos, rutas, formas de lavado de activos, etc. y no lo que espera la ofendida opinión pública, es decir, señalamientos que vayan más allá del reclamo de una simple responsabilidad política por parte de quienes lo apoyaron, ascendieron, nombraron o promovieron.
No es improbable que a estas decepciones se sume la de saber que pasada la efervescencia de los linchamientos, ni Santoyo ni sus colaboraciones permitan cerrar el círculo fatal de un sector del poder en Colombia que se debate entre su pretendida ingenuidad, ineptitud, negligencia, conveniencia o complicidad en delitos de tal calado. Eso se lograría con la justicia de aquí, pero…
@marioemorales
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