Cuarenta años de desidia

Sin embargo, lo que arranca las lágrimas es que, de acuerdo a las mismas autoridades, dicha norma sólo estará vigente —porque son las únicas carreteras en el país que cumplen las especificaciones técnicas para ese fin— en los tramos Tuluá–Palmira y Cali–Santander de Quilichao. Dicho de otra manera, sólo algo más de 100 kilómetros de los 17.000 kilómetros de carreteras tiene especificaciones para transitar a una velocidad razonable.

 El mismo Gobierno admite explícitamente que el 99,4% de las vías de el país son de segunda, tercera, y cuarta categoría. Este dato lo sabíamos casi la totalidad de los colombianos que viajamos, indistintamente del vehículo, a lo largo y ancho del país, pero parece ser que el Gobierno sólo hace dos semanas se ha dado por enterado.

La infraestructura vial en Colombia —una de las peores del mundo— se encuentra rezagada en comparación con la totalidad de los países latinoamericanos. Mientras que Ecuador, Perú y Bolivia superan los 400 kilómetros por millón de habitantes, Colombia alcanza en 2008 sólo 287 kilómetros. Pero lo que es inadmisible es que sólo el 0,6%, o sea 1,6 kilómetros por millón de habitantes, sean autopistas con especificaciones a niveles internacionales.

Sería una tremenda injusticia achacarle a este gobierno cuarenta años de desidia en materia de infraestructura vial. Pero dicho lo anterior, la actual Administración tiene que asumir la responsabilidad de tres enormes omisiones en este campo: la primera es que, sabiendo que el esquema de concesiones y de manejo tenía enormes fallas, como salió a la luz en el caso de la vía al Magdalena Medio, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias incluyendo un cambio drástico en las responsabilidades del Ministerio de Transporte? Con contadas excepciones, el sistema de concesiones en este país es un fracaso: los peajes suelen ser abusivos —el monto del peaje no se compadece con el estado de las vías— y las autoridades son laxas en extender las concesiones por cualquier nimiedad, como repintar las líneas amarillas. En mala hora el Gobierno desatendió los llamados que el otorgamiento de las concesiones le fuera trasladado al Departamento Nacional de Planeación, entidad con bastante mayor capacidad técnica para analizar las propuestas, especialmente en el aspecto financiero.

La segunda es que este gobierno hizo caso omiso de los años de bonanza y de dinero abundante para impulsar la inversión en infraestructura. Durante estos años se siguió pretendiendo que la infraestructura de transporte no era un factor de crecimiento y complemento de la seguridad democrática (donde hay carreteras no hay bandidos). Hoy en día va a ser mucho más difícil obtener nuevos recursos.

La tercera omisión es que el Gobierno ha desaprovechado la coyuntura del precio del petróleo para implementar los mecanismos que le permitan financiar a largo plazo, con los impuestos a la gasolina, el desarrollo de la red vial nacional. Pero el Gobierno decidió establecer —sin ningún estudio o análisis previo y pasándose al Legislativo por encima— un impuesto de facto para alimentar un “fondo de estabilización de precios”. Pocas veces se ha visto mayor falta de sindéresis y visión en la estrategia fiscal hacia un sector estratégico en la economía.