Dardos y pullas

La primera orden es a Rumba, cabecilla del frente 17 de las Farc. (La misión de este asesino es asediar a Neiva, y en lo que va del año ya ha perpetrado tres atentados terroristas). A Teodora le han encargado volver a activar las liberaciones cuentagota para que las Farc (y de paso ella misma) sigan acaparando la atención de los medios por unos meses más. A los militantes del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) y a los colectivos de abogados adscritos a las Farc les han dado claras instrucciones para que intensifiquen las demandas en contra de todos aquellos que persiguieron a los narcoterroristas durante los últimos ocho años. Finalmente, a los centros de estudios político-religiosos les han ordenado que por todos los medios sigan insistiendo en que los diálogos de paz son la única salida al conflicto. Ojalá el Gobierno no caiga en las nuevas trampas de los bandidos y sus áulicos.

Una de las funciones directas de la Comisión de Regulación de Electricidad y Gas (CREG) es defender los derechos de los usuarios en cuanto a facturación, comercialización o cualquier ámbito relacionado con el usuario y la empresa de servicios públicos. Lo que uno no entiende es por qué una entidad como la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), que de manera sistemática vulnera los derechos de los usuarios, no ha sido sancionada de manera ejemplar por la CREG. Como bien lo señala la prensa: “Cortes de luz entre una y tres horas tienen a los 20.000 habitantes y turistas de Anapoima en vilo desde hace unos seis meses…”. Estos cortes no sólo producen enormes daños en los electrodomésticos, sino que en muchas ocasiones llevan a perder los alimentos almacenados en las neveras. La Electrificadora se lava las manos: cuando la culpa no es la ola invernal, es la falta de agua. Y si no llega a ser por ninguna de las anteriores, es por exceso de demanda o por mantenimiento. ¿Cuándo será que la CREG se pone las pilas y hace defender los derechos de los usuarios, en vez de observar con mirada bovina los atropellos de dicha Electrificadora?

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El Estado colombiano (ya que no se trata exclusivamente de esta administración), tiene una singular política respecto a la velocidad máxima en las carreteras nacionales, política que se puede denominar “Yo-yo”. Es decir, el gobierno anterior (con bastante arbitrariedad) redujo los límites a 80 km/h; el Congreso los aumentó a 120 km/h; el actual gobierno, en el paquete de decretos de emergencia, lo vuelve a bajar a 100 km/h.

Lo que es lamentable es que en vez de dedicarse a construir con seriedad y persistencia verdaderas autopistas que permitan circular a altas velocidades, el tiempo se pierde es en jugar “Yo-yo” con los límites de velocidad. Sin cambios de fondo, el sistema vial colombiano está próximo a colapsar.

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Viajando por Colombia el turista se da cuenta de la proliferación desordenada y caótica de las antenas para los celulares. La pregunta para hacer es: ¿existe en Colombia, como en la mayor parte de los países del mundo, la obligación de mimetizar estas antenas con la finalidad de respetar el derecho que tenemos todos de disfrutar el paisaje? Si no existe esta obligación, obviamente es otro golazo que las empresas de celulares le anotaron al país. Pero de existir, tiene necesariamente que haber unos culpables que permiten, pusilánimemente, que se viole la ley. La Comisión de Comunicaciones tiene la última palabra. (Entre otras, qué servicio tan pobre y deficiente prestaron las empresas celulares el 31 de diciembre).