Dardos y pullas

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Hace unas semanas en esta columna habíamos pronosticado que un precio de 90 dólares el barril de petróleo pondría al ministro Cárdenas en serios aprietos. El presupuesto del ministro, que ya de hecho tiene un faltante de $12,5 billones, está basado en un precio de 100 dólares el barril. Hoy, con el precio del crudo deslizándose rápidamente hacia los 80 dólares, recomendamos al ministro —respetuosa y amablemente— buscar un buen enjuague bucal porque en un futuro no muy lejano va a empezar a hacer gárgaras.

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Razón le sobra al presidente de ANIF, Sergio Clavijo, cuando afirma que no es del todo congruente que el Gobierno siga hablando de la importancia de la “bancarización”, cuando, de manera simultánea, lo que busca es prorrogar el 4 x 1.000, impuesto que si bien recauda un flujo importante de dinero para el Estado, lo que logra de paso es incentivar las transacciones en efectivo, obstaculizar la intermediación financiera y desestimular el ahorro. El que crea que este tributo, que en su inicio en 1998 era transitorio, se va a desmontar en 2022 es un ingenuo de mucho cuidado. En Colombia, por definición, todo tributo transitorio se convierte en permanente.

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El economista Stefano Farné, en una columna (El Tiempo, oct. 8/14), pone en evidencia que a los colombianos, en las relaciones con el Estado, se nos sigue aplicando la ley del embudo: lo ancho es para excusar la incompetencia y errores de la burocracia y lo angosto es para castigar las omisiones de los contribuyentes. Farné afirma que “… las responsabilidades tributarias de los contribuyentes son tajantes. Así, mientras los ‘errores técnicos’ de la DIAN —o quien funja por ella— tienen como única sanción unos artículos periodísticos de crítica, la persona natural es penalizada por casi todo: i) si no presenta la declaración de renta; ii) si no la presenta en el plazo establecido; iii) si efectúa una corrección a su declaración; iv) si omite activos; v) si incluye pasivos inexistentes; vi) si hace cálculos matemáticos erróneos; vii) si simplemente comete una inexactitud. Así, por ejemplo, el contribuyente que sufre un accidente y es hospitalizado no tiene forma de evitar una sanción por extemporaneidad si no alcanza a presentar a tiempo su declaración. Además, le cobrarán un 5% por cada mes o fracción que se atrase en pagar el impuesto, adicional, obviamente, más los intereses de mora”.

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Inoportuna la decisión del Gobierno de haber metido a Panamá en el mismo saco que a las Islas Caimán. El acelere del Gobierno por cumplir con una cruzada personal del anterior director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, no sólo va a poner en peligro los 700.000 individuos y centenares de empresas colombianas en el istmo, sino que coloca en riesgo el proyecto de interconexión eléctrica que le estaría generando a Colombia 250 millones de dólares al año. Con razón el presidente de Bancolombia afirmaba: “El daño va a ser muy grande, y el beneficio muy bajo o nulo”.

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En este país, paraíso de vagabunderías y peculados, la componenda entre Baltasar Garzón (juez conocido por su manejo indelicado de fondos con el Banco Santander) y Canal Capital lo deja a uno boquiabierto. Resulta que Garzón, a quien se le habían pagado millonarias sumas para entrevistar personajes de talla internacional, termina entrevistando al gerente del canal, un mediocre comunicador de ámbito local cuya especialidad es la censura y la propaganda política. Por esta farsa, a Garzón se le pagaron ocho millones de pesos.