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DENTRO DEL RAMILLETE CONTInental de autócratas con inclinaciones totalitarias (Chávez, Evo y Ortega), el único que verdaderamente está con el agua al cuello es Evo Morales, quien ha dado una vez más evidencia de manifiesta ineptitud.
(Chávez, por el contrario, se encuentra en las gloriosas al haberse convertido en dictador gracias a una Asamblea cobarde y pusilánime; y Ortega ha aprovechado el tener una Corte Suprema de bolsillo para reelegirse indefinidamente).
Pero Evo, el inefable Evo, sigue cometiendo estupideces que inexorablemente van a conducir a Bolivia —un país ya de hecho pobre— a la miseria. Evo y su vicepresidente intentaron desmontar el subsidio a los combustibles y ordenaron un aumento del 70% en el precio. Esta medida, de una lógica impecable, tuvo en Bolivia un rechazo casi universal y Evo vio que la base (los populistas de corte “Socialismo del siglo XXI”) le retiró su apoyo. Con el rabo entre las patas, al líder indígena le toco recular e implantar de nuevo los subsidios.
El problema con los subsidios a la gasolina —o a cualquier otro producto o servicio— es similar al de los tatuajes: son relativamente fáciles de aplicar, y muy difíciles y dolorosos de remover. En el caso de Bolivia, los subsidios a los combustibles tienen dos problemas adicionales. El primero es que en todos sus países limítrofes, el precio de los combustibles es entre dos y tres veces mayor al de Bolivia, lo cual incentiva un gigantesco contrabando. De hecho, los contribuyentes bolivianos terminan es subsidiando a los consumidores peruanos, brasileños, paraguayos, chilenos y argentinos. (Para los expertos, cerca del 25% de la gasolina boliviana sale de contrabando a los países vecinos). El segundo problema es que Bolivia tiene una política de hidrocarburos perversa: desde que Evo nacionalizó el gas y el petróleo en 2006, la producción de petróleo ha disminuido en un 50 por ciento. Para incentivar el aumento de la producción, Evo les ha permitido a algunas firmas privadas explotar algunos campos, pero sólo les paga US$27 el barril. Al estar el precio mundial en el orden de los US$90 el barril, es evidente que van a ser muy pocos los inversionistas interesados en explorar el petróleo boliviano y la producción va a seguir su camino cuesta abajo. (El subsidio a los combustibles le costó al Estado boliviano el año pasado US$330 millones y el vicepresidente Álvaro García Linera estima que este año la cifra será US$660 millones). Cuando la producción interna no cubra la demanda, Bolivia no va a tener recursos para importar gasolina y ese día a Evo lo sacarán a patadas de la Presidencia. Colombia, según recientes informes, parece ser que sigue subsidiando algunos combustibles, subsidio que nos cuesta a los contribuyentes $50.000 millones al año. O sea, el cacareo del anterior Ministro de Minas de que había desmontado los subsidios a los combustibles resultó ser un embuste.
Y siguiendo en el tema de los combustibles, el pasado 12 de enero en El Tiempo, el experto en temas laborales Stefano Farné hace una ‘propuesta inoportuna’, que de paso es el título de su columna. Para Farné —que suele ser sensato—, en vez de haber aumentado el salario mínimo al 4%, se ha debido “congelar los aumentos de los combustibles y coordinar una iniciativa nacional para postergar los aumentos de las tarifas del transporte”. Estoy en total desacuerdo con Farné, porque dicha política implica perpetuar los subsidios a los combustibles. Si realmente el subsidio al transporte es insuficiente (que más que subsidio es un componente de la remuneración para aquellos que devengan menos de dos salarios mínimos), lo que se debe es reajustar trimestralmente dicho componente del salario, no mantener peligrosos y anacrónicos subsidios a los combustibles.