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EL EDITORIAL DEL LUNES PASADO de este diario pone el dedo en la llaga sobre un tema que concierne no sólo a los columnistas, sino a todos los colombianos que defendemos la libertad de expresión. El problema no radica tanto en la ramplonería de muchos de los foristas, sino en que buena parte de ellos se escudan en el anonimato para vociferar insultos a todo columnista que no comulgue con su forma de interpretar la realidad.
Una cosa es convertir los foros electrónicos en una cloaca, destilando a diestra y siniestra veneno y bilis. Las foros cum cloacas son repugnantes, pero son cobijados por la libertad de expresión. Pero otra cosa es escudarse en el anonimato para proferir agravios. Forista que no se identifique con nombre, cédula y foto, debe ser desterrado de las páginas de los diarios. O dan la cara, o que se abstengan de vilipendiar.
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Y hablando de anónimos, es inexplicable la posición de Carlos Ossa Escobar, rector de la Distrital, justificando las arengas de los encapuchados con la pusilánime excusa de que: “Como no hay una ley que prohíba los encapuchados, no tengo por qué oponerme”.
La Universidad Distrital subsiste con base en los dineros que aportamos todos los contribuyentes. Lo que Ossa no puede permitir es que la Distrital se convierta en una isla de fascismo en un océano de tolerancia y libertad. En un futuro no muy lejano, Ossa podrá ver su universidad convertida, además de un centro de reclutamiento de las Farc, en una Pedagógica, en donde miserables alimañas encapuchadas lanzan papas bomba a los transeúntes.
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Según informe del Banco Mundial, Colombia hizo reformas en cinco áreas de evaluación que miden la facilidad de hacer negocios, reformas que son superiores a cualquier otro país en América Latina y le permitieron al país ascender trece puestos en el escalafón.
Al Gobierno se le debe felicitar por dicho logro, pero simultáneamente recordar que el país sigue teniendo unas enormes barreras para insertarse en la economía global: su pésima infraestructura y una serie de sobre costos como los parafiscales; la fe pública, y los registros mercantiles. Estas cargas deben ser eliminadas o reducidas a la mayor brevedad posible, tema que se tratará en un próximo artículo.
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El Gobierno, con el proyecto de judicializar a los colombianos que entreguen recursos a empresas que captan dinero ilegal (las famosas pirámides), insiste en tapar el sol con las manos. Las pirámides financieras son más antiguas que las pirámides de Egipto y puede tener la certeza el ministro Zuluaga de que van a continuar después de su mandato. Pretender meter a la cárcel a los que participen en las pirámides es una solemne estupidez por dos razones: la amenaza de aseguramiento no va a evitar que los codiciosos y los mezquinos cometan imbecilidades. La segunda es que las pirámides llevan dentro de su código genético el castigo para estos avaros ignorantes: la pérdida de sus ahorros.
Cuando las hacinadas cárceles son fábricas de delincuentes, es falta de criterio del Gobierno judicializar infracciones como la codicia o el sobrepasar los ridículos límites de velocidad que operan hoy en día.
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Cada día es más evidente la sentencia que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. El representante del Polo Venus Albeiro Silva ha radicado un proyecto obligatorio para todas las emisoras en Colombia para que el 50% de la música que emiten sea colombiana. De aprobarse tan peregrina y patriotera ley, pronostico en pocos años la quiebra de la radio colombiana. Los jóvenes, los radioescuchas de hoy y mañana, oirán la música que les plazca en sus reproductores MP3, no aquella impuesta arbitrariamente por el Estado.
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