¿Hasta cuándo tendremos que esperar?

Algunas de ellas “chantajean al Estado” y “tienen conductas que rayan en el lavado de activos”, como son los pactos de precios y la práctica de cambiarles los nombres a medicamentos y tratamientos para que no entren en el POS. Más que un “Estado minusválido enfrentado a grandes pulpos privados que imponen sus reglas de juego y hacen temblar al país amenazando con la suspensión del servicio”, según las palabras de Morelli, lo que hay es una caterva de pícaros respaldados por prestigiosísimos bufetes de abogados que interpretaron sentencias de un magistrado en el sentido de que “toda diferencia entre ingreso y costo de una EPS es utilidad” como una patente de corso para esquilmar a los usuarios y acrecentar el patrimonio de los administradores. Según informes de prensa, los prestigiosísimos abogados de SaludCoop llegaron a cobrar en honorarios $24.000 millones en un solo año. Mucha tenía que ser la porquería que estos letrados tenían que lavar y muchos los artilugios jurídicos que tenían que ejecutar para justificar tan jugosos estipendios.

—¿Hasta cuándo el Estado colombiano va a seguir permitiendo que jueces suspendidos, o sin tener competencia para juzgar, sigan actuando con alevosa impunidad? Hace unas semanas, el juez 37 civil de Bogotá le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender la intervención que adelanta desde mayo en SaludCoop y devolvérsela a sus dueños, dueños que enfrentan un juicio de responsabilidad fiscal por un posible detrimento patrimonial por $1,3 billones causado por la desviación de recursos parafiscales y sobrecostos en medicamentos. Lo que es inexplicable es que ese mismo juez que concede tutelas a diestra y siniestra está suspendido por malas actuaciones. En un caso igual de estrafalario, un juez de San Marcos (Sucre), hoy preso, sin tener competencia para ello, ya que dicha competencia en esta clase de reclamos es de los jueces administrativos, ordenó embargar $8.000 millones de Invías. Lo que uno no se explica es ¿por qué no se han colocado cortapisas y talanqueras automáticas para invalidar embargos por parte de jueces que no tienen competencia para ordenar dichos embargos, y desacatar tutelas falladas por jueces suspendidos?

—¿Hasta cuándo el Estado va a permitir que se cometan abusos y vagabunderías en el tema de derechos humanos en donde un tal Colectivo de Abogados que inventa víctimas ha cobrado casi doscientos millones de dólares en procesos contra el Estado? La atroz farsa de Mapiripán, según el general Álvaro Valencia Tovar, “ha dejado al descubierto la tramoya habilidosamente montada para desprestigiar al Gobierno, calumniar a sus instituciones armadas y obtener la condena de militares honorables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se creó para defender la justicia frente a las extralimitaciones de autoridad de los Estados. No puede convertirse entonces en instrumento de injusticias maquinadas a la sombra de la causa noble que inspiró su creación”.

—¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que el Estado agarre el toro por los cuernos y les ponga fin a las sinvergüencerías de las pensiones privilegiadas y abusivas, especialmente en el sector judicial? El mismo presidente Santos, en recientes declaraciones, afirma: “Hay sectores como el judicial, que se están poniendo sus propias pensiones, unas pensiones realmente escandalosas”. Es inicuo y perverso que a los miembros de esta rama se adjudiquen pensiones que fluctúan entre 10 y 40 veces el salario mínimo, mientras que para el 57% de los pensionados la mesada no pasa de dos salarios mínimos.

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