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EL PRESIDENTE DE SRI LANKA, MAhinda Rajapaksa, elegido en el 2005 precisamente por su promesa de acabar con el grupo terrorista Ltte, daba parte de victoria a los jubilosos ciudadanos de Sri Lanka (ciudadanos que todos a uno celebraron la victoria final con bailes en las vías públicas) con un anuncio breve y directo:
“Tras una feroz campaña militar de varios meses, el Ejercito cingalés no sólo tomó control esta semana del último reducto de los llamados ‘Tigres tamiles’, sino que confirmo las muertes de Vellupillai Prabhakaran, jefe rebelde, y de otros mandos de su cúpula”.
Rajapaksa y su gobierno hicieron caso omiso de los llamados a cese el fuego de innumerables instituciones y ONG, entre ellas las Naciones Unidas y Human Rights Watch, entidades que exigieron suspender las operaciones militares supuestamente en aras de proteger a la población civil. Estas instituciones usualmente han pretendido que ante la eventual derrota del terrorismo, los gobiernos icen es la bandera de la pusilanimidad. Según el presidente cingalés: “Las presiones para contener las operaciones militares cuando el terrorismo está siendo eliminado pueden ser muy frustrantes”.
En el editorial del miércoles pasado, (mayo 20/09) el diario El Tiempo afirma: “En su discurso de ayer al parlamento, Rajapaksa empleó palabras que suenan conocidas en Colombia: ‘La victoria que hemos alcanzado al derrotar a los tamiles es la victoria de nuestra patria. Era una de las mayores organizaciones terroristas del mundo’. Indudablemente, Sri Lanka se ha convertido desde esta semana en el ejemplo del éxito de la opción exclusivamente militar para derrotar a una guerrilla”.
El mayor crimen que puede cometer un Estado contra sus ciudadanos es permitir las actividades criminales de los terroristas. A toda costa el país debe evitar caer en los traperos ardides de la guerrilla marxista para dilatar su inexorable derrota militar. Durante los últimos cuarenta años fueron precisamente dos gobiernos conservadores que se doblegaron ante las exigencias de los terroristas: los mandatarios azules —con ingenuidad y candidez— argumentaban que, ante la imposibilidad de derrotar militarmente al narcoterrorismo, era necesario sentarse a negociar con ellos. Dentro de las celadas de la guerrilla está el mal llamado intercambio humanitario, que como bien lo han explicado innumerables analistas, ni es intercambio, ni es humanitario. El aceptar el intercambio incondicional es garantizar indefinidamente tanto el secuestro como la supervivencia de la subversión.
Álvaro Uribe prometió erradicar el narcoterrorismo de nuestra patria y lo va a hacer. Por más que no lo acepten los furibundos antiuribistas, pocas frases explican el enorme respaldo de que goza el Presidente colombiano como aquella del filósofo y ensayista de origen español George Santayana: “Nuestra adhesión a un jefe natural no es una pérdida de libertad, es el reconocimiento de que nuestras ideas tienen un ejecutor y un intérprete”.
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Apostilla: Colombia detenta una inmensa deuda de gratitud con Juan Manuel Santos. Su paso por el Ministerio de Defensa estuvo colmado de éxitos, éxitos que le reconocen aun medios como El Espectador, cuyo sesgo antigobiernista es más que notorio. En reciente editorial (mayo 20/09), este diario afirma: “Con todo, un balance de la gestión de Santos al frente de la cartera que ocupa la mayor atención mediática ofrece pruebas incontrovertibles de éxitos en la lucha contra la subversión”. Es una quimera, sin embargo, el pretender que los necios y los tontos lleguen un día a aceptar los logros incontrovertibles de Juan Manuel Santos.