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En el artículo del domingo pasado afirmábamos que la víbora del narcotráfico estaba viva y coleando.
Un informe de la Casa Blanca del lunes pasado confirma nuestros temores: las hectáreas de coca sembradas en el 2015 alcanzaron las 159.000, una cifra que no se veía desde el 2007 y la más alta de los últimos ocho años. Estas noticias tienen gravísimas implicaciones, empezando porque el Gobierno no pareciera darse cuenta de qué es lo que está pasando. Según informes de prensa, el ministro de Defensa había admitido estar notificado de un crecimiento importante en los sembrados de coca con respecto al 2014, cuando se cerró en 69.000 hectáreas. ¿Será que no son conscientes que en un año el área había aumentado un 130 por ciento? La segunda implicación, más grave aún, es que en dos años el gobierno actual ha permitido que desaparezca el enorme esfuerzo que hizo el gobierno de Uribe del 2002 al 2007 en disminuir los cultivos de coca. Ante la mirada bovina de las autoridades, cinco años de sangre, sudor y lágrimas se echaron por la borda.
Pero además de la noticia que la víbora del narcotráfico está más viva que nunca, hay otra que reviste igual o más gravedad: la víbora de la corrupción nunca ha estado tan activa. Haciendo óbice momentáneo de la pequeña corrupción del agente de tránsito o el burócrata que se hace el de la vista gorda sobre un documento adulterado para acceder a un puesto público, la enorme corrupción está en las altas esferas de la ‘institucionalidad’, especialmente en la justicia y la política, en donde las coimas se miden en miles de millones de pesos.
Juan Martín Caicedo, cabeza de la Cámara de la Infraestructura, afirma en reciente artículo: “Pero más allá del inocultable fenómeno de corrupción en la contratación que arropa a las regiones, existe otra práctica entre los padres de la patria que se ha institucionalizado y, de paso, se ha convertido en una suerte de mercado negro. Tiene que ver con los llamados ‘cupos indicativos’, una figura concebida con la mejor de las intenciones para que los congresistas dotaran de recursos a sus municipios y departamentos, pero que con el paso de los años se ha ido desvirtuando y ha servido de pábulo para robustecer las prácticas corruptas. En concreto, el tema consiste en que algunos parlamentarios han optado por vender, al mejor estilo de curtidos traficantes, dichos cupos a compradores que resultan ser colegas suyos. Estos últimos entregan los recursos, producto de la transacción, a los alcaldes y gobernadores de sus regiones, pero con una condición: los dineros tendrán que terminar en manos de un contratista recomendado por el parlamentario. Esto es un secreto a voces…un contubernio sombrío de gamonales, políticos y contratistas corruptos que, poco a poco, se han abierto camino en departamentos y municipios”.
El autor de esta nota se teme que mientras que todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad no se enfoquen en dominar las víboras del narcotráfico y de la corrupción, el futuro de esta nación será incierto. Y si bien la firma de la paz va a traer algunos beneficios —bastante menos de los que nos han tratado de vender— el cáncer que carcome el Estado y la sociedad es el narcotráfico y la corrupción. Mientras que no derrotemos las dos víboras, por más pañitos de agua tibia que nos quieran meter como el que pronto seremos miembros de la OCDE, todo esfuerzo será en vano.