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No soy Nostradamus, aquel renombrado médico que pronosticaba eventos futuros, pero sí me atrevo —con enorme probabilidad de tener éxito— a pronosticar el fracaso de la política del «nuevo mejor amigo» de imponer control de precios sobre parte de los productos de consumo en el vecino país.
El gobierno venezolano anunció hace unos días la congelación inmediata de los precios, por ahora, de 18 productos hasta tanto se fije el precio máximo de venta al público. Las autoridades bolivarianas, que han demostrado tener un muy alto nivel de competencia y ética como lo dejaron en evidencia al dejar podrir más de 45.000 toneladas de comida hace un par de años, van a hacer una auditoría de las empresas para determinar si el precio de sus productos corresponde con su costo y así, una vez realizado, establecer el precio “justo”.
Podría ser pertinente recordarles a las autoridades venezolanas que los controles de precio siempre han tenido, y siempre van a tener, consecuencias tan apartadas de los objetivos por las cuales se imponen, como funestas, siendo las principales cinco: 1. Consumo innecesario del bien cuyo precio está controlado. 2. Oferta reducida de dicho producto. 3. Deterioro de la calidad del producto y de su empaque. 4. Mercado negro. 5. Corrupción rampante entre los funcionarios encargados de imponer los controles. Además de estas consecuencias inmediatas, la inversión para mejorar la productividad de los productos controlados va a desaparecer. Las medidas coercitivas contribuyen tanto al cierre de empresas como a la fuga de cerebros y capitales. Las consecuencias de los controles siempre serán las mismas, indistintamente del régimen político y social que las esté aplicando: capitalista o socialista (del siglo XXI o del siglo que se quiera), democrático o totalitario. El fracaso de los controles no respeta ideologías, pero hacerles entender esto a los chavistas es una tarea imposible.
No soy admirador de Chávez, pero le reitero un amable consejo: mientras las tiendas y los supermercados de Venezuela están repletos de whisky de todas las marcas, edades y precio, los productos lácteos, especialmente para los niños, escasean. El whisky es considerado en Venezuela un artículo de lujo y, por ende, no sujeto a control estatal, mientras que en los productos lácteos ocurre todo lo contrario. Mi consejo es que invierta la política, coloque el whisky como artículo de primera necesidad y la leche como artículo de lujo. Le aseguro, amigo Hugo, que en dos meses en Venezuela no se conseguirá un litro de whisky, mientras que las góndolas de los mercados estarán atiborradas de productos lácteos.
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Apostilla: Pocas virtudes enaltecen más al ser humano que la generosidad. Y siguiendo la lógica de esta hermosa premisa, pocos más generosos que los honorables magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y dentro de ellos los magistrados Julia Emma Garzón, Ovidio Claros y Pedro Alonso Sanabria. Los insignes magistrados, en un derroche de generosidad sin precedentes, en los últimos tres años han nombrado 90 magistrados auxiliares (de los cuales 43 corren por cuenta de Garzón, Claros y Sanabria). Estos magistrados auxiliares, con su ‘palomita’ de escasas semanas, logran cuadriplicar su pensión, lo que en efecto se traduce en un regalo de $90.000 millones. Lo que desvirtúa la enorme generosidad de los magistrados es que los $90.000 millones corren es por cuenta de nosotros los contribuyentes. ¿No sería oportuno un movimiento de la sociedad civil, acompañado de acciones penales, para exigir que la generosidad pensional corra por cuenta del bolsillo de los magistrados y no por cuenta del nuestro?
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