¡Que me envuelvan la “Ley de Cuotas”!

Hace 20 años, en Colombia se creó una ley reglamentando la participación de las mujeres en los puestos públicos, ley que buscaba cerrar la brecha entre ciudadanos con diferentes órganos reproductivos. Esa norma, conocida como la “Ley de Cuotas”, estableció un porcentaje reservado para las personas con órganos reproductivos femeninos en las diferentes ramas del poder público: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Puesto de otra forma, nuestros legisladores, haciendo gala de incomparable progresismo, tomaron la decisión de que Colombia sería un país igualitario —y asumimos superior— si obligaban a que un porcentaje preestablecido de los puestos públicos fuera ocupado por ciudadanas.

La Ley de Cuotas no pasa de ser una variante de la tan cacareada “discriminación positiva”, políticas que obligan a los Estados a amparar a un grupo social, étnico o cultural y otorgarles privilegios o ventajas que compensen la discriminación recibida a causa de supuestas injusticias sociales. El problema está, como lo señalaba recientemente un estudio, “en asumir que estos colectivos requieren de una ayuda externa para compensar sus dificultades, dado que darles esta ayuda implica implícitamente reconocer que requieren ayuda o que están en posición de desigualdad (son inferiores en algo). Igualitario es que todos tengamos los mismos derechos, pero darle a un grupo más derechos porque ‘lo necesitan’ es ya de por sí rebajarlos a un nivel inferior al resto en el cual requieren ayuda externa”. Una reciente demanda contra la Ley de Cuotas argumentaba que la mujer “tiene plena capacidad de disputar un cargo de dirección en el plano de la igualdad con el hombre, sin necesidad de que el Estado le preste medidas encaminadas a ponerla en una condición más favorable respecto de los hombres”.

Lamentablemente, el mal ejemplo de Colombia lo siguieron otros países, en algunos casos a la inversa. En 2003 Suecia tuvo la genial idea de privilegiar a los hombres en el acceso a la universidad porque el 60 % de las estudiantes eran mujeres. Los resultados fueron tan catastróficos que, no obstante ser Suecia paradigma de las políticas igualitaristas, han tenido que dar marcha atrás. Las cuotas de acceso en las que se “discriminaba positivamente” a los hombres se suprimieron ante un resultado tan anunciado como absurdo: el 95 % de las solicitudes de acceso a las universidades eran rechazadas al venir de mujeres, que, en su mayoría, tenían una mejor cualificación y expediente académico que los hombres, admitidos por el solo hecho de ser varones.

Para contrarrestar la anacrónica Ley de Cuotas, anacrónica porque la totalidad, repito, la totalidad de los altos cargos públicos pueden ser desempeñados por mujeres, creo que se debe expedir una ley que ordene:

-A no ser que se demuestre que para desempeñar el cargo en cuestión es necesario tener determinados órganos reproductivos, queda terminantemente prohibido discriminar por razones de género.

-Para la totalidad de los cargos públicos se exige que las personas que lo desempeñen sean honestas y de recto proceder, indistintamente de sus órganos reproductivos.

-La totalidad de los servidores públicos, sean representantes, funcionarios o jueces, deben ser aptos y competentes para desempeñar el cargo, también independientemente de sus órganos reproductivos.

Apostilla. Algunos establecimientos ya solo ofrecen agua en vidrio o filtrada. Es buena hora de empezar a desterrar los plásticos de un solo uso.