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En los primeros tiempos de Roma, se veía como un deber del Estado asegurar que la población fuese debidamente abastecida de grano. Según cuentan los historiadores, “en época de Augusto se llegó a repartir trigo (el equivalente para hacer un pan de un kilo diario) a 320.000 familias, beneficiando a más de 600.000 personas. La ciudad necesitaba en total unas 200.000 toneladas anuales, trigo que procedía de Sicilia, de Cerdeña, del norte de África y sobre todo de Egipto. Denominada la annona, este auxilio era indispensable para la subsistencia diaria y para mantener el orden social. Sin la annona y sin el ‘circo’ (panem et circenses), seguramente la historia del Imperio hubiera sido diferente”.
El ingreso básico universal (IBU) siempre ha tenido sus defensores y sus detractores. Los defensores del IBU argumentan que esta medida es una respuesta adecuada a los problemas crecientes de desigualdad y escasez de empleo, y a la disminución de la participación de las rentas salariales en el PIB. También consideran que tendría una gestión sencilla donde se eliminarían los trámites administrativos, disminuyendo los costos (por lo que desaparecerían otro tipo de prestaciones), evitando, de paso, la burocracia y los fraudes en los subsidios y apoyos (se estima que del 20 al 30 % de los afiliados al Sisbén no deberían estarlo). Una ventaja adicional del IBU sería la paulatina erradicación de la pobreza, dado que, debido a este colchón, al tener cubiertas sus necesidades básicas, el bienestar de la población aumentaría. En cuanto a los contras, la existencia del IBU, el tener una renta sin necesidad de hacer nada, podría incentivar un menor esfuerzo por trabajar, cayendo en la trampa de la pobreza. Algunos también podrían argumentar que se configura lo que en economía pública se denomina un free rider, aquel individuo que tiene interés en beneficiarse de un bien público pero no está dispuesto a pagar por él. En un reciente artículo de The New York Times, el periodista Peter S. Goodman señalaba que “en una buena parte del mundo, el concepto del ingreso básico mantiene su atractivo de ser un mecanismo que sirve para repartir la recompensa del capitalismo global de una forma más justa, al mismo tiempo que tranquiliza a los trabajadores respecto de la amenaza de que los robots y la inteligencia artificial ocupen sus trabajos”.
De hecho, el IBU se está aplicando de manera activa en estos meses del COVID-19. El Senado de Brasil aprobó este lunes, por unanimidad, un proyecto de ley por tres meses que establece la aplicación urgente de una renta básica de 600 reales (US$115) para ayudar a las familias con bajos ingresos. Estados Unidos aprobó, la semana pasada, un paquete de ayuda de US$2,5 billones para apoyar a la totalidad de la población durante la pandemia. La pregunta de fondo es cuánto le costaría a un país como Colombia aplicar el IBU, asumiendo que cada adulto recibiera un salario mínimo mensual y cada niño, la mitad. Algunos economistas asumen que esta cifra equivale al 27 % del PIB. A este monto habría que restarle el enorme costo de las ayudas actuales, incluyendo las pensiones, y de mantener la enorme burocracia necesaria para aplicarlas. A la luz de los problemas planteados por la pandemia, el IBU merece un estudio serio.
Apostilla. Un genial trino circula por las redes: “La única forma para ver a @petrogustavo ‘donando’ dinero será viendo el video de las bolsas al revés”.
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