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Hay conflictos que son difíciles de resolver porque enfrentan intereses irreconciliables, como cuando alguien no soporta el ruido y tiene de vecino a un trompetista que ensaya día y noche. Hay, de otra parte, conflictos que no dependen tanto de intereses antagónicos, sino de la mala disposición de una de las partes, como cuando uno tiene un vecino cascarrabias que protesta por el más mínimo ruido que oye detrás de sus paredes. ¿A cuál de estos dos conflictos se parece el actual desencuentro entre el Gobierno y la minga indígena? Tengo la impresión de que al segundo y voy a tratar de explicar por qué.
Tal vez el mayor fracaso del Estado colombiano ha sido su incapacidad para llevar la Constitución y la ley, con todo lo que ello implica, a lo largo y ancho del territorio nacional. En una investigación que hicimos en Dejusticia hace un par de años, mostramos que más de la mitad de la geografía nacional carece de un Estado capaz de proteger los derechos de la gente que allí vive, empezando por su derecho elemental a la vida. Una de esas regiones es la que va del Guaviare al Pacífico, pasando por el sur del Huila, Cauca y Nariño. Por ese corredor transita una buena parte de la droga que se produce en el país. Allí hacen presencia todos los actores armados, desde las guerrillas hasta los paramilitares, pasando por sus múltiples combinaciones mafiosas y delincuenciales, lo cual dispara todos los índices de violencia. En Corinto, por ejemplo, al norte del Cauca, con tan solo 33.000 habitantes, se registraron 51 homicidios en 2019, lo cual lo convierte en el quinto municipio más violento del país. La violencia se ha agravado con la desmovilización de las Farc y con la incapacidad del Estado para copar los territorios que antes controlaba esa guerrilla.
Tantos años (siglos quizás) de abandono y sufrimiento han endurecido al movimiento indígena, que no solo rechaza a los actores armados que quieren dominar en sus territorios, sino que desconfía del Estado y de sus gobiernos. Pero estos últimos, en lugar de hacer lo necesario para ganarse la confianza de los indígenas, lo que es su deber, es decir, protegiendo a las comunidades, han optado por desentenderse del asunto, quizá con la ruin esperanza de que la masacre de sus líderes a manos de los grupos armados doblegue la voluntad del movimiento. Lo que ha ocurrido es justo lo contrario: mientras los indígenas más padecen, más se fortalecen y menos están dispuestos a negociar.
El Gobierno ve la marcha de los indígenas, y en general toda la protesta social, con una mezcla de displicencia y antipatía, y cuando se refieren a las masas inconformes que salen a las calles y las carreteras, solo se les ocurre decir que todo eso está orquestado por una criminalidad mafiosa o subversiva. Para ellos la protesta legítima no existe, como tampoco existe el conflicto armado.
Difícil ver una desconexión entre Gobierno y pueblo más lamentable y peligrosa. Digo lamentable porque en este caso la falta de solución no proviene tanto de la existencia de intereses irreconciliables (después de todo, lo que piden los indígenas es que el Estado cumpla con los acuerdos del pasado y con su obligación de proteger sus vidas y sus territorios), sino de la mala disposición de una de las partes, en este caso el Gobierno, que se comporta como un vecino cascarrabias e indolente del cual uno solo puede esperar malos encuentros en el futuro. Por eso también digo que esta es una desconexión peligrosa. Ojalá me equivoque.
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