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En Colombia, un país de montañas, con casi toda su población viviendo en ellas, la palabra montañero es usada como un adjetivo peyorativo. Antes era peor, quizás por la fuerza que ha tomado el lenguaje políticamente correcto en las últimas décadas. El hecho es que, todavía hoy, no ser de la ciudad, o por lo menos no vivir en una, causa un estigma, así sea leve y callado: un estigma inversamente acompasado con el tamaño urbano del sitio en el que se nace: mientras más pequeño y aislado, mayor es.
El menosprecio por los montañeros tiene raíces históricas y está asociado con la tradicional falta de educación para la gente del campo. En la Colonia, los pocos reductos de gente ilustrada estaban en los centros urbanos y a la ciudad se la asociaba con la civilización, tanto como al campo con la barbarie. Con la llegada de la república se creó un sistema de educación pública, pero con muchos tropiezos, que en el campo fueron más bien fracasos. Hasta 1955 hubo en el país dos tipos de bachillerato; uno urbano, más exigente y más largo, y otro rural, menos exigente y más corto, con lo cual la universidad estaba prácticamente vedada para los bachilleres campesinos. Aun hoy en día, después de más de dos siglos de vida republicana, las diferencias educativas entre el campo y la ciudad subsisten, como lo muestra el contraste considerable que hay entre los resultados urbanos y rurales de las pruebas del Icfes.
No sólo es la falta de buena educación; también influye un tipo de desarrollo económico para el cual el campo es importante por los recursos naturales que allí se encuentran, no por las personas que allí habitan. Por eso, todos, o casi todos, los índices socioeconómicos del país empeoran cuando son rurales.
Y también influye la manera como el campo ha sido gobernado. Este ha sido un país de gramáticos, juristas e ingenieros, en todo caso de “doctores” que, desde sus escritorios capitalinos, han visto los asuntos rurales con desidia y casi siempre con ignorancia. También es un país que ha sido manejado por terratenientes que llegan al Congreso y redactan sus leyes y, en general, por élites urbanas también dueñas de tierra cuyo aprecio por el campo y por la naturaleza no sobrepasa los linderos de sus fincas.
Otra de las consecuencias del estigma montañero, muy marcado en las décadas de los 60 y 70, ha sido la destrucción del patrimonio urbano de los pueblos, sobre todo de las edificaciones más representativas, empezando por los edificios oficiales ubicados en sus plazas, que fueron derribados sin compasión a lo largo y ancho del territorio nacional y reemplazados por las peores versiones posibles del modernismo arquitectónico.
Yo me considero un montañero, así no sea un montañero típico. Nací en el campo, viví durante una buena parte de mi infancia en una finca (mi padre tenía una pequeña empresa agropecuaria) y desde hace muchos años cuento con un refugio en las montañas donde paso una parte de mi tiempo, para pensar y escribir, a donde quiero regresar pronto para quedarme allí definitivamente.
Creo, además, que si este país tiene algún futuro promisorio, o simplemente un futuro, eso depende de que los gobiernos dejen por fin, después de dos siglos de vida republicana y con constituciones que han proclamado la igualdad de oportunidades a los cuatro vientos, de considerar a los montañeros como ciudadanos de segunda categoría.
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