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Una de las cosas que más necesitamos en Colombia es mejorar la educación, sobre todo la educación pública. Una democracia sólida, para no hablar de una economía próspera, no se construye sin un sistema público de educación de buena calidad. Así ha sido en todas las democracias vigorosas del mundo. Pero en Colombia hemos estado lejos, muy lejos, de esa receta. Hace poco publicamos en Dejusticia, en compañía de los economistas Leopoldo Fergusson y Juan Camilo Cárdenas, de la Universidad de los Andes, La quinta puerta, un libro destinado a eso, a mostrar la importancia que tiene la educación pública.
Pero defender la educación pública también implica poner en evidencia sus vicios. Eso es lo que ha hecho esta semana el senador Ariel Ávila al denunciar la corrupción que existe en las universidades públicas en torno a los sistemas de asignación de puntaje por publicaciones. El Decreto 1279 de 2002 les permite a los profesores obtener puntos por sus publicaciones, que luego se traducen en salario. El sistema está bien concebido y ha incentivado la productividad académica. Pero algunos profesores (un porcentaje mínimo) se aprovechan del sistema para obtener grandes beneficios. Lo hacen de tres maneras. Primero, a través del abuso de las coautorías: escriben un par de artículos al año, pero se ponen de acuerdo con sus colegas para aparecer como coautores en muchos más: “Te incluyo en mi artículo y tú me incluyes en el tuyo”. Lo segundo es la endogamia de los comités de puntajes, compuestos a veces por colegas cercanos, en los que rige aquello de: “Te evalúo con generosidad a la espera de que tú, cuando seas evaluador, hagas lo mismo conmigo”. Y por último está la publicación en revistas indexadas de muy baja calidad, muchas de ellas por fuera de Colombia. A decir verdad, esto no es responsabilidad de los profesores, sino de los evaluadores que le han dado el aval a una revista de mala calidad para que sea indexada.
No solo en las universidades públicas hay corrupción. En 2017 publicamos, también en Dejusticia, los resultados de una encuesta hecha en el departamento de Antioquia a 605 profesores de nueve instituciones de educación superior sobre fraude e incumplimiento de reglas de integridad académica. Allí mostramos cómo, si bien la diferencia entre las instituciones públicas y las privadas no es relevante para explicar los casos de fraude, la calidad de las instituciones sí lo es: mientras menor es la calidad, mayor es la violación de las normas de integridad académica. Para conseguir calidad en la educación debemos hacer un gran esfuerzo por mejorar los sistemas de evaluación de pares. En los países desarrollados, por ejemplo en Alemania, el oficio de evaluar es asumido como un honor y como un deber insoslayable. En Colombia necesitamos crear esa cultura de vocación pública en la vida académica. Esto serviría para acabar con lo que en alguna ocasión llamé la cultura del “como si” en las universidades, que consiste en hacer cosas pomposas, como programas de alta calidad o lujosas revistas indexadas, que en realidad hacen mucho menos de lo que prometen. Por ejemplo, se comportan como si tuviesen un programa de doctorado, pero en la práctica lo que tienen es una maestría y a veces ni eso.
En estos tiempos en los que se habla tanto, con razón, de la necesidad de fortalecer la educación, es importante que las instituciones de educación superior, sobre todo las públicas, investiguen y sancionen los casos de corrupción y de mediocridad (una forma de corrupción) que se presentan en sus claustros. De esa manera le darían más urgencia al clamor nacional de fortalecer la educación pública.
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