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En el presupuesto del Gobierno para el 2009 aparece una partida por 5,9 billones de pesos para subsidiar el consumo de combustibles. Este monto es más de siete veces el que se gastará este año por el mismo concepto.
Y es el principal motivo por el que el año entrante las finanzas públicas presentarán de nuevo un déficit (equivalente al 1,4 por ciento del PIB), saldo en rojo dañino porque alimenta la revaluación, la inflación y el alza en las tasas de interés.
Pero lo más grave de ese exorbitante y nocivo subsidio es que es regresivo. Es decir, favorece principalmente a la clase media y alta, no a los pobres que deberían ser siempre la prioridad de la acción estatal.
Inequitativo ese subsidio porque beneficia más a los dueños de vehículos particulares , que a los usuarios de transporte público (personas de menos ingresos). La gasolina más barata con respecto al precio internacional por cuenta del subsidio, genera un ahorro que se distribuye entre pocas personas (propietarios de carros) que tienen ingresos medianos o altos. En cambio, en el caso de quienes se movilizan en colectivos, ese subsidio se diluye entre muchas personas (todos los pasajeros) que en su inmensa mayoría son de los estratos más bajos.
Es cierto que si no hubiese subsidio a la gasolina, se encarecería tanto el transporte privado como el público —perjudicando a los pobres—. Y es verdad que ese sobrecosto presionaría al alza el precio de los alimentos que tienen que movilizarse, lo cual perjudicaría más el bolsillo de los menos favorecidos. Entonces, es válido sostener que ese subsidio sí beneficia a los pobres, pero el punto de fondo es que favorece más a quienes tienen mayor capacidad adquisitiva. Por eso ese subsidio es inequitativo.
En lugar de subsidiar la gasolina para la clase media y alta, el Gobierno podría solamente subsidiar tarifas de transporte público —que subirían por el mayor costo del combustible, ayudando a los ciudadanos de menores recursos. Y el dinero marginal que se ahorre por la eliminación del subsidio a la gasolina no se gastaría en otra cosa contribuyendo de esta manera a sanear las finanzas públicas. O, preferiblemente, se destinaría a inversión social que favorezca a los 4,3 millones de colombianos que sobreviven en la miseria. Así habría mayor equidad.