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Como era fácil prever, y algunos lo hicimos, el manoseo institucional para que las Farc, con crímenes atroces, evitaran la cárcel, acabó generando solicitudes de otros malhechores duros para obtener una ganga similar.
El presidente electo acaba de recibir una carta de poderosos grupos paramilitares, exportadores de droga y lavadores de activos en la que ofrecen iniciar unos diálogos de paz. Destacan la confianza que les genera Gustavo Petro, a quien consideran “capaz de convocar la unión de todos los colombianos en torno a un postulado democrático cuyo eje principal es la paz”. Así, para superar la “violencia cíclica” que reconocen controlar en sus territorios, se declaran preparados, desde el día uno del nuevo régimen, no solo a dialogar sino a “coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad, a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón, a aportar verdad total e integral… a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales”. Ni la pazología intensa hubiese concebido una lista tan exhaustiva de concesiones en aras de la reconciliación nacional. Hasta se declaran preocupados por el medio ambiente y convencidos de la justicia restaurativa.
Lamentan, claro está, no querer pisar las cárceles colombianas, esas “universidades del crimen” que no enderezan ni resocializan a nadie. Ni mucho menos sufrir la humillación de las prisiones gringas.
Aunque es probable que quienes celebraron el anuncio de diálogo con el Eln por el nuevo gobierno pidan que sea privilegio exclusivo de la guerrilla, con las limitaciones de la paz santista han surgido voces que recomiendan “revisar y replantear la fracasada política antidrogas e idear una estrategia integral para desmantelar la principal amenaza entre los grupos armados existentes”.
Limitar las negociaciones a los grupos primordialmente subversivos equivaldría a desconocer que muchas organizaciones de derecha también están motivadas por fines políticos y no exclusivamente criminales. “Tienen estatutos, himno, escuelas de adoctrinamiento y relaciones con la población civil que trascienden la búsqueda de rentas”. Incluso el Informe Final de la Comisión de la Verdad aclara que “el paramilitarismo no es solo un actor armado sino más un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas”.
Sin embargo, el programa de gobierno del Pacto Histórico habla de establecer diálogo con el Eln, pero, simultáneamente, someter a la justicia a los llamados grupos multicrímen, vagamente definidos como “sucesores del paramilitarismo y articulados en su mayoría al narcotráfico”. En esta apresurada clasificación hay varios desaciertos. Primero, algunos de estos grupos armados se financian con extorsión o acuerdos con el sector productivo, no necesariamente con droga. Segundo, varios han superado la categoría del delincuente: empezando por la pandilla de barrio, hay grupos que en muchas localidades asumen labores de seguridad que deberían ser responsabilidad estatal. Tercero, la lucha contra insurgente ya ha sido muchas veces reemplazada por alianzas puntuales con la guerrilla. En el otro sentido, la complicidad con organismos de seguridad estatales no siempre funciona. Ha habido “planes pistola” contra la Policía y acciones militares contra el Ejército.
El error de discriminar delincuentes políticos y criminales comunes no se limita al contexto nacional. El Clan del Golfo, por ejemplo, es “un eslabón en la cadena del crimen transnacional. Eso complejiza negociar o combatir con ellos, porque pueden ser fortalecidos, combatidos o sustituidos, ya que necesitan mantener un flujo constante de drogas para abastecer sus mercados… son una organización que oferta servicios logísticos para la exportación de clorhidrato de cocaína a narcotraficantes colombianos y extranjeros”.
Buena parte de las dificultades que encontrará el nuevo gobierno para dialogar únicamente con el Eln vendrá por el creciente rechazo mundial a hacerlo con quienes atacan. Tras la invasión de Putin a Ucrania y la guerra defensiva emprendida por la OTAN con apoyo irrestricto de las democracias europeas se superó el desprestigio de la mano dura que reinaba cuando la administración Santos trataba con generosidad a una organización considerada terrorista por varios países. El ¡No a la guerra! que movilizaba multitudes se quedó sin activistas. A Petro le quedará difícil convencer a la comunidad internacional de que es legítimo hacer concesiones para dialogar exclusivamente con quienes en múltiples ocasiones han mostrado ser reacios y, en la práctica, se diferencian muy poco de los demás mafiosos.
El gobierno entrante debería simplemente anunciar que le dará el mismo tratamiento a todo el bajo mundo. Como lo han hecho en el pasado, los del Eln se levantarán de la mesa y quedará servida la disculpa para aplicarles todo el peso de la ley, a ellos y a los grupos que no acepten condiciones contempladas en los códigos. Nadie pedirá replicar el tratamiento laxo a las FARC por haber sido responsabilidad de un Nobel pasado de moda.
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