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UN ESTADO ES TIRÁNICO CUANDO desprecia al ciudadano. Estamos invirtiendo las tareas. El Estado quiere que el ciudadano trabaje para él.
El mejor ejemplo es el nuevo trámite burocrático que implica la inscripción de los vehículos en el RUNT (Registro Único Nacional de Transporte). Estamos delante de otra evidencia de que el Estado justifica sus proyectos incumpliendo su misión. Mientras más falla, más tareas le ponen al ciudadano.
El nuevo registro tiene como función principal identificar a los propietarios de los cinco millones de vehículos que ruedan en Colombia. La pregunta entonces es: ¿para qué sirve la tarjeta de propiedad? ¿Para qué hay que firmar todos esos documentos cuando uno compra un automóvil? ¿Para qué los formularios de traspaso? ¿Para qué sirven las secretarías de Tránsito llenas de tramitadores y funcionarios corruptos? ¿Para qué tanta huella digital, firma autenticada, copias en papel carbón, autorizaciones etc.? Todo ello no sirve para nada. Mentiras, sirve para alimentar una cohorte de funcionarios barrigones, veniales e ineficientes que exigen todo tipo de cobros ilegales por cumplir con estos trámites.
Debería darles pena a todas las autoridades de Tránsito, iniciando por el Ministerio de Transporte y siguiendo por las pomposas e ineficientes secretarías de Movilidad. No sólo el caos en la calles crece sino que son ejemplos de desgreño e inmoralidad. Ni siquiera saben quiénes son propietarios de los automóviles que ellos autorizan a circular, les entregan placas y les exigen que paguen impuestos. No hay derecho a que el ciudadano sea el responsable final de tanta ineficiencia.
Más triste aún es el lamentable espectáculo del colapso de la página de internet anunciada con bombos y platillos para “facilitar el trámite al usuario”. Aparte de hacer mal su labor obligan al ciudadano a perder horas enteras intentando cumplir con el requisito. No hay derecho, debería darles pena ser tan incapaces. Pero eso sí, habrá sanciones ejemplares para los ciudadanos, no para los funcionarios que han generado este caos. Este Estado inepto e ineficiente anuncia que quien no cumpla con el requisito deberá cancelar 994.000 pesos. Además los policías de Tránsito estarán facultados para solicitar una copia del célebre RUNT o de lo contrario habrá el comparendo y la inmovilización de los vehículos. Otro papayazo para darle de comer a la corrupción. No hay derecho. Debería darles pena.
Debería darle pena a tanto burócrata engreído que cree que el ciudadano debe suplir las fallas de su gestión cumpliendo más trámites. Seguramente invocarán las exitosas experiencias de Nueva Zelanda o Suiza que tienen modelos muy similares al que queremos implementar con el RUNT. Todo es mentira. De lo que se trata de es de esconder el fracaso del sistema de transporte nacional en el que no se sabe ni cuál es el parque automotor, ni a quién pertenece. Verdaderas mafias dominan estas instituciones como se ha podido comprobar en Bogotá, donde circulan miles de taxis con registros falsos sin que la secretaría pueda hacer nada.
El RUNT es un perfecto ejemplo del irrespeto que le tienen los funcionarios públicos al que paga los impuestos y por lo tanto sus salarios.
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