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POR LO QUE DICE Y POR LO QUE CAlla, el informe del “relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias” es uno de los documentos más graves que se han producido sobre la situación en Colombia.
Muy pocos se tomaron la molestia de leerlo en su integralidad. Por sus consecuencias legales este documento puede ser determinante en el futuro de la Nación.
En sus cinco páginas se resumen las conclusiones que el relator obtuvo luego de diez días en Colombia. Una primera observación tiene que ver con el poco tiempo que el representante de Naciones Unidas tuvo para conocer la realidad colombiana. Que yo sepa, el señor Philip Alston no es un especialista en Colombia. Dada la complejidad de nuestra situación interna, resulta preocupante que luego de algunas entrevistas con miembros del Gobierno, de la Rama Judicial, del Congreso y de algunas víctimas, se llegue a conclusiones preliminares tan graves e inequívocas.
Gravísimo también que el informe del relator —que es de algo más de cinco páginas— tenga únicamente un breve párrafo sobre los “homicidios ilegales” cometidos por las Farc y el Eln. Me llamó la atención el concepto de homicidios ilegales, pues debe ser que, en la terminología de Naciones Unidas, existen “homicidios legales” cometidos por fuerzas irregulares y terroristas. Extraña la velocidad y superficialidad con la que el relator pasó por los cientos de miles de violaciones de los derechos humanos cometidos por la guerrilla.
El informe es durísimo contra el Ejército, aunque reconoce que existe “una disminución significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos 6 a 9 meses”. También afirma que no encontró “pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno”, algo que debió caer muy mal en el universo de las ONG y en los miembros de la oposición. Incluso está esta frase que debe revolver el estómago de Piedad Córdoba cuando afirma que “hay medidas alentadoras que demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el Gobierno para hacer frente a homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro”.
Me llamó la atención que aunque el relator menciona el tema de impunidad de las ejecuciones cometidas por las fuerzas de seguridad y los paramilitares, no hace referencia a la impunidad en los crímenes cometidos por la guerrilla. Más aún, el tono del informe pasa marginalmente por el núcleo del problema de Colombia, la ineficacia de su sistema de justicia. La paz no será posible mientras nuestra justicia siga siendo tan inoperante. El juicio a la justicia es algo que esta sociedad debe emprender, pues es la raíz de la crisis nacional. En este país los bandidos duermen tranquilos, mientras los ciudadanos viven en el temor. Si el relator hubiese puesto atención a esa llaga que es la justicia colombiana, las conclusiones de su informe preliminar habrían sido verdaderamente útiles para el futuro del país.
No estoy seguro de que en el Gobierno se haya dimensionado la gravedad que tiene este documento hacia el futuro. Habrá que esperar el informe definitivo que se publicará dentro de cinco meses.