La dignidad de renunciar

Se renuncia cuando se falla, cuando se traiciona la confianza, cuando se pierde la legitimidad o simplemente cuando no se comparte una decisión. En las democracias avanzadas, las renuncias tienen profundo contenido político. Es el caso actual de Gran Bretaña, donde tambalea el gobierno de Gordon Brown. Varios de sus ministros han renunciado al quedar implicados en un escándalo sobre la asignación de recursos públicos para beneficio personal. Otros lo han hecho pues no comparten la orientación que le imprime el jefe de gobierno y quieren que se retire antes de las próximas elecciones parlamentarias.

En América Latina esa dignidad que implica renunciar ha desaparecido. Hay presidentes acusados de asesinato que se aferran al poder. Hay otros acusados de corrupción que no renuncian. Hay quienes tienen hijos no reconocidos que no tienen recato y siguen en el poder como si sus actos no fueran graves. Hay acusados por vínculos con el narcotráfico que con cinismo claman su inocencia. En América Latina no renuncia nadie, porque nuestra política ha perdido toda dignidad. Lo único que cuenta es quién ejerce y se beneficia del poder.

La democracia, más que ninguna otra forma de gobierno, exige transparencia ética. Requiere que quien ejerce el poder por voluntad popular tenga los más altos estándares de honorabilidad. El gobernante democrático no puede jugar con la ética, pues sus acciones fijan el tono moral de la sociedad. Si el gobernante roba, si la meritocracia no se respeta, si la contratación no es transparente, si el funcionario abusa del poder, todo ello destruye los cimientos éticos de la comunidad. Por ello el bajo respaldo y respeto que los latinoamericanos tenemos por nuestras instituciones, como lo demuestran la encuestas de opinión. Para muchos, la política no es sino un negocio sucio, dominado por gente sin escrúpulos.

En Latinoamérica la impunidad agrava este fenómeno. No sólo no hay sanción política, sino que los bandidos se escudan en la ineficiente justicia para quedarse en el poder. Como no hay imperio de la ley, la mejor estrategia es aliarse con la impunidad para luego esgrimir que no han sido condenados y que por lo tanto pueden permanecer en el gobierno. Nuestros sistemas judiciales, venales y dominados por el poder, son cómplices de quienes utilizan las instituciones para delinquir.

Renunciar es una señal del vigor moral de una sociedad. Cuando hay parámetros éticos sólidos, ningún funcionario público cuestionado puede permanecer en su cargo y debe apartarse del poder. Renunciar es una manera de proteger la salud institucional. Nada destruye más la legitimidad de las instituciones que la permanencia de funcionarios cuestionados en cargos de responsabilidad. El mensaje que se le envía al tejido social es que se puede ejercer el poder sin respetar la ley y la ética.

Los griegos ya habían identificado que la mayor exigencia de la democracia era la de contar con gobernantes honestos. Por eso la consideraban un régimen político vulnerable y poco viable. Lo que era cierto entonces, es hoy todavía muy válido.