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Los dueños del sufrimiento

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NADIE DISCUTE QUE EN COLOMBIA tenemos víctimas de la violencia.

En este interminable conflicto, todos hemos sufrido y por lo tanto todos somos víctimas. También está claro que  algunos han sufrido más que otros y que las poblaciones vulnerables son las más afectadas por la violencia. Tampoco tiene ningún objeto desconocer que algunos agentes del Estado han sido responsables de crímenes contra ciudadanos.

Pero lo que resulta absurdo es pretender, como lo ha intentado el Congreso Nacional, que un número seleccionado de ciudadanos sean reconocidos como víctimas y puedan reclamar una indemnización del Estado. Hay aquí, como en tantos otros temas abordados por el legislativo, un deseo demagógico y superficial para abordar asuntos complejos sin evaluar las consecuencias de las leyes que aprueban.

Iniciemos por la definición de víctima. Víctimas son obviamente los desplazados y los secuestrados. Pero también son los campesinos a los cuales la guerrilla les quitó los hijos que no volvieron a casa. Víctimas son los agricultores que vendieron sus tierras a la fuerza a los jefes paramilitares. También son los empresarios que debieron abandonar el país producto de las amenazas del secuestro, las familias de los miembros de la Fuerza Pública muertos en combate, los periodistas y fiscales amenazados  y podría seguir  enumerando la  larga lista de grupos de nuestra sociedad que han sido tocados por la violencia. Pero nuevamente, víctimas somos todos los colombianos que llevamos décadas viviendo en la zozobra.

Es claro que el Gobierno debe responder económicamente por los hechos producidos por sus agentes. Pero ¿por qué debe responder por los crímenes de los paramilitares o la guerrilla? ¿Por qué, con impuestos, debemos responder por crímenes cometidos por otros colombianos que recurrieron a la violencia? ¿Cuál es la lógica de esta iniciativa que quiere que los inocentes respondan económicamente por los delitos de los culpables? El Ministro de Hacienda hizo bien en advertir que si se aprobaba el proyecto de ley los colombianos tendrían que poner, de sus bolsillos, el equivalente a 75 billones de pesos, o la impresionante cifra de 37.500 millones de dólares. ¡Sólo un Congreso insensato e irracional como el colombiano podría pensar en la viabilidad de un proyecto como este!

Muchos sostienen que el reconocimiento económico a las víctimas es un paso previo a la anhelada paz. Planteada bajo este supuesto, la paz se vuelve imposible pues nunca tendremos el dinero para compensar a todos los que hemos sufrido por la violencia. Es como argumentar que la paz en Europa no es posible porque los alemanes no pagaron el daño que hicieron con el nazismo. Este es un falso paliativo para un problema real. Lo real es que el sufrimiento de los colombianos no es ni cuantificable ni reparable. Lo único que traerá la paz es el desarrollo de una cultura que rechace la violencia y promueva el respeto del estado de derecho. Lo demás es accesorio y sólo sirve para justificar el insaciable deseo de unos grupos políticos, ONG y asociaciones anti-gubernamentales interesadas en adueñarse el dolor nacional.

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