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Antes consideraba que la seguridad privada era un tema de mercenarios. Por supuesto, es fácil despotricar de toda acción violenta protagonizada por un grupo de pistoleros a sueldo. El asesinato del presidente de Haití es un ejemplo entre muchos. La participación de soldados colombianos retirados fue objeto de justas recriminaciones. No era para menos, pero las circunstancias en que fueron contratados llevan a problematizar la idea misma del mercenario. Por encima de este pobre diablo dramatizado, lo que hay es un mercado en el que se compran fuerzas y diversas empresas ofrecen sus servicios con logos e identidades corporativas.
El Plan Colombia invirtió cantidades de dinero en el tema de la lucha contra las drogas (y la contra insurgencia, con su mirada bizca hacia el paramilitarismo). Colombia llegó a ser el Israel de América Latina, de tal tamaño era el socorro económico y militar. Cualquiera sea la evaluación que se haga de sus resultados (ojalá en violaciones de derechos humanos y no solo en hectáreas de coca fumigadas), también cambié de opinión sobre la supuesta ayuda económica que supuso. Al Plan Colombia le va mejor la idea de una economía circular, como quiera que fueron los contratistas estadounidenses los que se quedaron con buena parte del dinero.
El Plan Colombia fue un laboratorio para el tipo de intervención militar que protagonizaron los Estados Unidos en su invasión a Irak y Afganistán. Lejos del campo de batalla, los contratistas se encargaron de la limpieza y el mantenimiento de las bases militares, la logística y temas tan mundanos pero operativamente importantes como la comida.
Insistir en la merecida mala fama de los mercenarios impide que se entienda lo elaborado que es el mercado de los contratistas y lo rastrero que puede ser su accionar. Como fue el caso de los encargados de arrojar glifosato durante el Plan Colombia, siempre por debajo de los radares de la rendición de cuentas.
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